El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Misiones, Martín Cesino, se refirió a las denuncias por desorganización y maltrato durante las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad en la provincia. El legislador, médico y padre de un niño con dificultades en el habla, (según él mismo contó), sostuvo que el operativo nacional careció de planificación y vulneró derechos básicos, lo que motivó la presentación de un recurso de amparo por parte del gobierno provincial ante la Justicia Federal.
“Duele ver cómo trataron a las personas con discapacidad”
Cesino expresó que lo ocurrido impacta en lo personal y en lo institucional. “Más allá de la responsabilidad que uno tiene y como médico, pero también como papá que tengo un hijo con un problema en el habla, a mí me duele y mucho, lo que pasa con las personas con discapacidad de nuestra provincia”, señaló.
El diputado cuestionó el modo en que se llevaron adelante los controles. “No estamos en desacuerdo con que se hagan auditorías, pero sí con la manera en que se hicieron en Misiones. Faltó orden, organización y planificación. Me tocó ver en San Ignacio a personas en sillas de ruedas, sin una pierna o un brazo, a bebés, a niños con trastornos del espectro autista, y a gente que se reía creyendo que no eran discapacitados. Eso es inaceptable”, remarcó.
Acompañamiento provincial y recurso judicial
El legislador subrayó que el gobierno provincial actuó con rapidez. “La importancia del momento la marcó el gobernador al presentar un recurso de amparo para frenar esta situación. Estamos hablando de derechos básicos: 200 o 300 mil pesos pueden ser poco para el Estado, pero para una persona con discapacidad significa poder acceder a su pensión, a una silla de ruedas o a una ayuda técnica”, indicó.
También destacó la intervención del Parlamento y de los municipios. “Desde la Cámara de Representantes, junto al Ministerio de Salud Pública, acompañamos y gestionamos para cada persona. Misiones trabaja en equipo y no vamos a dejar a ningún misionero ni misionera sin acceso al derecho más importante: la salud”, aseguró.
Salud como inversión, no como gasto
Cesino recordó que la Legislatura misionera ha sancionado más de 30 leyes este año, muchas vinculadas a la salud. “Una de las primeras fue el programa de epilepsia, que también abarca a personas con discapacidad. Estas normas se traducen en presupuesto y garantizan que quienes no tienen cobertura social accedan a consultas, medicamentos de alto costo y especialistas. Para nosotros, la salud siempre fue una inversión, no un gasto”, enfatizó.
En ese sentido, advirtió que la reducción de prestaciones en obras sociales nacionales afecta a la provincia. “Recibimos mensajes de personas que tienen PAMI o incluso IOSFA, la obra social de las fuerzas de seguridad, que hoy está desfinanciada. Les reducen pañales, medicación o insumos básicos, y terminan recurriendo a la salud pública misionera. La Nación se retiró de responsabilidades que le corresponden”, planteó.
“Faltó empatía y responsabilidad”
Para Cesino, el mayor problema de las auditorías fue la falta de humanidad. “No se discute la necesidad de controles, pero hay que hacerlos con profesionalismo, responsabilidad y empatía. Mandaron auditores que no conocían la realidad local, incluso médicos que hacía años no ejercían. Fue una falta total de sensibilidad hacia las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó.
El diputado también opinó sobre la proliferación de asesoramientos privados con costos elevados. “Hay abogados que cobran entre 150 y 200 mil pesos por una historia clínica. Nosotros pedimos a los intendentes que informen a la población que no acudan a esos intermediarios. Están el Ministerio de Salud y las áreas de discapacidad en cada municipio para asistir gratuitamente”, aclaró.
El rol de la provincia frente al vacío nacional
Cesino afirmó que Misiones seguirá presente donde la Nación se retiró. “La provincia responde en medio de una crisis y con menos recursos de coparticipación. Vamos a contener y acompañar, aunque no siempre sea nuestra responsabilidad directa. Las personas con discapacidad necesitan un Estado cercano, y en Misiones lo tienen”, concluyó.
