El cuerpo legislativo local denunció que durante las auditorías a pensiones por discapacidad se registraron abusos de poder, maltratos y un trato humillante hacia personas en situación de vulnerabilidad. Exigieron medidas inmediatas y respeto a los derechos de los beneficiarios.
El Honorable Concejo Deliberante de Alba Posse expresó su “más enérgico repudio” a la empresa encargada de llevar adelante las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), realizadas el 1 y 2 de septiembre en la localidad de 25 de Mayo, que convocaron a beneficiarios de pensiones por discapacidad de los municipios de Aurora, Alba Posse y 25 de Mayo.
Según el comunicado, los agentes que representaban al organismo nacional se desempeñaron “de manera improcedente, faltando el respeto a las personas con discapacidad, quienes ya de por sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad”. La nota describe que se evidenció un trato “desconsiderado, mal educado e incluso cruel hacia los beneficiarios”, lo que constituye “un abuso de poder y una clara manera de avasallar los derechos de quienes menos tienen y más necesitan el acompañamiento y la contención del Estado”.
Desde el inicio de las jornadas, denunciaron que no se contó con la presencia de un médico que verificara los casos. En su lugar, entregaban constancias de auditoría con firma de un profesional ausente, lo que generó preocupación y sospechas sobre la validez de los documentos. Incluso, se recordó que un colegio de profesionales de Buenos Aires había denunciado previamente la falsificación de firmas. Además, los beneficiarios debieron soportar largas colas “inhumanas” en busca de un trámite que, en muchos casos, no garantizaba resultados positivos.
“El Honorable Concejo Deliberante considera que es necesario que se realicen auditorías, pero deben realizarse con profesionalismo, respeto, sensibilidad y empatía hacia los ciudadanos. Rechazamos cualquier forma de atropello, humillación o abuso hacia las personas con discapacidad y sus familiares”, remarcaron en el escrito firmado por el presidente del cuerpo, Ariel José Daniel Masis, y el secretario Wellbach Adolfo Rafael.
Finalmente, el HCD exigió a las autoridades competentes una revisión inmediata del accionar de la empresa contratada, la adopción de medidas correctivas y la garantía de que no se repetirán “estos hechos aberrantes”.
“En defensa de la dignidad y los derechos de nuestros ciudadanos, ratificamos nuestro repudio a los hechos mencionados y continuamos comprometidos con quienes lo necesitan”, concluye el comunicado.
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