Belén González, directora de Niñez de Alba Posse, brindó su testimonio sobre lo ocurrido durante las auditorías de pensiones no contributivas realizadas en la localidad misionera de 25 de Mayo, en las que fueron convocadas cientos de personas de localidades cercanas, como Aurora y Alba Posse, los días 1 y 2 de septiembre.
Las personas asistieron a las auditorías con la expectativa de cumplir un requisito para mantener su pensión. Habían sido citadas para una evaluación médica que debía garantizar la continuidad de sus beneficios.
González relató que muchas constancias recibidas durante las llamadas auditorias tenían la firma del médico fotocopiada y, por lo tanto, fueron rechazadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Explicó que esta “requería la firma original del médico en birome”.
Al sumarse la cantidad de afectados se acercó a solicitar aclaraciones sobre esta situación: “El coordinador me insultó y me echó del salón”, relató.
Además, indicó que el único médico presente “es prestador de servicios de PAMI en Buenos Aires, no tiene nada que ver con Misiones”.
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Conflicto con la empresa y la intervención de autoridades
La situación se volvió insostenible cuando González se acercó a hablar con el coordinador de la empresa porque le estaban “rebotando los papeles de ANSES a la gente”, recordó.
Por hacer esa simple pregunta sostuvo que el coordinador “de nombre Julian, no me acuerdo el apellido, me insultó, me echó del salón”.
Ante la falta de respuesta y el trato despectivo, González se comunicó con el Consejo Provincial de Discapacidad debido al trabajo sostenido que llevan adelante.
Los intendentes Omar Wdowin (25 de Mayo), Carlos «Cali» Goring (Aurora) y Omar Rosinski (Alba Posse), junto a Tatiana Antúnez, coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, exigieron una reunión. En ella, se comprometieron a resolver la situación y a brindar un respaldo legal a los afectados.
Durante el procedimiento de identificación de matrículas y documentaciones personales a los «auditores» dieron cuenta de que el único médico presente era un prestador de PAMI de Buenos Aires.
“Nos dicen que no tenía sentido exigir la firma original del médico, porque lo que estaba pasando ahí, si bien tenía el nombre de auditoría, no era una auditoría”, contó Belén.
Según la empresa, “lo que realmente era válido es la acreditación de documentación en la plataforma de ANSES”.
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Después de una larga tarde de dimes y diretes se llegó a un acuerdo, ya que según relató González, el médico se comprometió a firmar de manera original todas las constancias “tanto las constancias del lunes como del martes”.
Esta insistencia no era un capricho. “ANSES, cuando carga eso, le dan otra constancia de carga de documentación y esto es lo único que le va a servir a las personas que en algún momento le corten el beneficio y que quieran recurrir a un amparo legal”, subrayó.
Asimismo, remarcó que la constancia de ANSES es la única prueba legal de que se cargaron los trámites. Esto es crucial ante los futuros cortes de beneficios que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) podría realizar tras evaluar cada patología.
”No es lo mismo lo que se carga en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), porque ahí no tenés ningún comprobante”, destacó.
Por otro lado, González aseguró que “es una total mentira” que la empresa se haya comunicado con los municipios con antelación, como supuestamente afirmaron.
“A nosotros el último miércoles del mes se acercó un personal del correo urbano que dijo que solamente querían el espacio para entregar las cartas documento”.
La auditoría se iba a realizar un viernes, pero recién el día anterior se comunicaron con el intendente de 25 de Mayo para informarle que el evento sería en el salón parroquial.
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En este contexto, los municipios se unieron para ayudar a los beneficiarios. “Transportamos a toda esa gente, porque la mayoría no tenía medio de movilidad”, dijo González.
Ahora, junto al equipo de la Provincia de Misiones gestiona turnos en hospitales para que las personas obtengan su historial clínico y poder cargar la documentación de quienes no lograron la firma original.
Mientras la incertidumbre persiste sobre qué pasará con las personas que solo tienen el comprobante de la plataforma TAD.
“En el lapso de 90 días no sabemos qué es lo que va a pasar cuando comiencen los cortes de los beneficios y a qué van a recurrir las personas para poder dar entrada al amparo judicial, que es básicamente para tratar de la rehabilitación del beneficio”, vislumbró.
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