Las auditorías de pensiones de Nación en Misiones que terminaron en escándalo fueron hechas por cuatro bonaerenses y una misionera

Cuatro bonaerenses -tres de ellos de Mar del Plata- y una misionera llevaron adelante las auditorías de pensiones de Nación en San Ignacio y 25 de Mayo que terminaron en escándalo. Durante los operativos se registraron agresiones a un periodista, maltrato a autoridades locales y la detección de irregularidades en certificados y documentación, lo que motivó un amparo del Gobierno de Misiones ante la Corte Suprema para restituir de modo inmediato los pagos suspendidos.

Las polémicas auditorías de pensiones que realizó Nación en las localidades misioneras de San Ignacio y 25 de Mayo y que terminaron en escándalo fueron realizadas por cinco personas, cuatro de ellas oriundas de Buenos Aires -entre ellos, tres marplatenses- y una de Misiones.

Los auditores enviados por Nación fueron identificados como Luciano Mangone, Andrés Báez y Laura Báez, oriundos de Mar del Plata; Caín Iokich, de La Plata; y Guadalupe Luján Guanes Texeira, de Posadas.

Los cinco fueron interceptados por la Policía y detenidos el martes por la tarde, tras abandonar 25 de Mayo en un auto, luego del abrupto final que tuvo la auditoría que estaban realizando en ese municipio en medio de un escándalo que incluyó agresiones físicas a un periodista y maltrato y amenazas a autoridades municipales.

Todos los auditores detenidos fueron luego liberados, al tiempo que a Laura Báez fue notificada de que se le abrió una causa por amenazas y lesiones leves, que será investigada por la Justicia, tras la denuncia presentada por el periodista Enrique Ortiz, corresponsal de Crónica TV, por las agresiones que sufrió durante la cobertura del operativo en 25 de Mayo.

Detención y causa judicial para los auditores de Nación

Las agresiones se registraron cuando el grupo de personas a cargo de la auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) increpó y atacó al trabajador de prensa. Los violentos hechos quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación, en los que se observa a Laura Báez golpeando al periodista y discutiendo con el intendente de Aurora, Cali Goring.

Tras la denuncia radicada por Ortiz en la Comisaría Primera de la Unidad Regional V de la Policía de Misiones, la Justicia de Instrucción N°1 de Oberá ordenó identificar a los participantes del hecho. Un operativo cerrojo permitió interceptar a los cinco sospechosos en el acceso a Campo Grande, sobre la Ruta Provincial 8. Luego de cumplirse los trámites legales en la Comisaría de Campo Grande, todos recuperaron la libertad, mientras que solo Báez quedó notificada del expediente que se le abrió por amenazas y lesiones leves.

El ataque se da en un contexto de tensión por las auditorías de pensiones que se están realizando en todo el país a instancias de ANDIS, el organismo nacional que está bajo la lupa por el presunto pago de coimas, que involucran entre otros a Karina Milei. En el caso de las auditorías realizadas en Misiones, además de los mencionados incidentes, se constataron graves irregularidades, como el uso de un sello médico falsificado, la entrega de certificados sin validez ante ANSES y la suspensión anticipada del operativo en algunas localidades.

Amparo de Misiones ante la Corte

Ante este cúmulo de graves irregularidades, el Gobierno de Misiones, a través del fiscal de Estado, Fidel Duarte, siguiendo instrucciones del gobernador Hugo Passalacqua, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para restituir las pensiones por invalidez que fueron suspendidas por el Gobierno nacional a través de la ANDIS.

En la acción judicial, se exige el “inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde marzo de 2025”.

Desde el Gobierno de Misiones se subrayó que “el recorte de pensiones afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y genera un impacto inmediato en la vida cotidiana de miles de familias”. Se remarcó que estos beneficios son esenciales para que los titulares puedan garantizar su “alimentación, medicamentos y tratamientos médicos”.

La demanda judicial enfatiza que la suspensión de estos pagos no solo es “ilegítima” sino que también constituye una violación a los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina.

Con esta acción, la Provincia de Misiones busca un pronunciamiento urgente de la Justicia para restablecer el flujo de fondos y garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en lo que se configura como un nuevo conflicto por la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.