Alejandro Maraniello, juez del fuero civil y comercial, enfrenta múltiples denuncias por acoso laboral y sexual, abuso de poder y maltrato a empleados, mientras el Consejo de la Magistratura analiza su futuro.
Alejandro Patricio Maraniello es juez federal en lo civil y comercial.
Prohibió la difusión de los supuestos audios de Karina Milei.
Enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco por acoso sexual.
El gremio judicial pidió custodia policial en su juzgado desde 2024.
Las denunciantes relataron hostigamiento, tocamientos no consentidos y mensajes fuera de lugar.
La fiscal Mariana Labozzetta consideró que los hechos podrían constituir delitos públicos.
El proceso disciplinario podría derivar en sanciones o en un pedido de remoción.
La intervención del juez coincide con la denuncia del Gobierno sobre una operación de inteligencia contra Karina Milei.
El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de audios vinculados a Karina Milei, se encuentra en el centro de una crisis institucional: enfrenta nueve denuncias en su contra, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.
La notificación de los cargos se realizó la semana pasada y el magistrado dispone de veinte días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, encabezada por César Grau.
Las denuncias abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. Una empleada relató que a menos de una semana de ingresar al organismo fue abordada por Maraniello fuera del horario laboral y que, bajo amenaza de perder su trabajo, sufrió tocamientos, besos no consentidos y presiones para mantener relaciones sexuales.
Otra denunciante declaró haber recibido mensajes a través de redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y maltratos tras negarse a favores personales. En su testimonio aseguró haber atravesado episodios de depresión y pensamientos suicidas, lo que la llevó a formalizar la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres tomó intervención, y la fiscal Mariana Labozzetta indicó que, por tratarse de un funcionario judicial, los hechos podrían configurar delitos de acción pública. La causa quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
Desde septiembre de 2024, el gremio judicial había pedido presencia policial dentro del juzgado de Maraniello para proteger a los empleados. La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación destacó que el avance de las entrevistas permitió conocer “más y más casos”.
Mientras tanto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza sanciones administrativas y no descarta girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez.
La controversia ocurre en paralelo al fallo de Maraniello que ordenó cesar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, grabados en la Casa Rosada y cuya filtración fue denunciada por el Gobierno como parte de una “operación de inteligencia no institucional” para desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.
Fuentes oficiales admitieron preocupación por el impacto político del escándalo y advirtieron que la crisis podría profundizarse de cara a las elecciones legislativas.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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