El Tribunal Oral Federal de Posadas impuso penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua a funcionarios de la Aduana acusados de cobrar sobornos para permitir el cruce irregular de mercadería desde Paraguay. Las escuchas telefónicas revelaron un código basado en expresiones futbolísticas.
El miércoles se conoció la condena contra cuatro agentes aduaneros y un particular, hallados culpables de haber integrado una estructura que utilizó el puente internacional San Roque González de Santa Cruz como escenario de un “campeonato” paralelo, donde los carriles de control eran “canchas”, los paseros eran “jugadores” y las coimas se disfrazaban de “tricotas”.
Orlando Ariel Alfonso recibió cinco años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua. Bernardino Castor Esquivel fue condenado a seis años de cárcel con la misma accesoria. Francisco Antonio Llorente obtuvo cinco años, mientras que René Lorenzo Juárez recibió tres años de prisión en suspenso, también con inhabilitación perpetua. El particular Miguel Ángel Jara fue sentenciado a tres años en suspenso como coautor de contrabando agravado.
Una de las primeras escuchas incorporadas como prueba data del 28 de octubre de 2016 e involucra a Orlando Alfonso, más conocido como Kiwi. Ese día recibió un llamado de un abonado paraguayo que le preguntó: “¿Hoy vamos a jugar un partidito?”. La respuesta de Alfonso fue: “Hoy no, porque estoy en salida yo”. Esa conversación, interpretada por los investigadores como un código para acordar un cruce, fue señalada como el puntapié inicial que permitió desentrañar el funcionamiento de la maniobra.
Las escuchas posteriores reforzaron el patrón. Se hablaba de “partidos” para definir las jornadas en que se habilitaban los cruces, se ordenaba que “jueguen en la cancha 3” para señalar el carril por donde pasar, y se exigía “llevar la tricota”, en alusión a los pagos de tres mil pesos por vehículo. En esa jerga, los aduaneros eran los “DT” que organizaban la estrategia, los paseros los “jugadores” que arriesgaban en el cruce, y el puente internacional funcionaba como el “estadio” donde se disputaba cada movimiento.
La investigación se inició en 2016 tras una denuncia del entonces administrador de la Aduana. Los informes posteriores de la Policía Federal conectaron secuestros de cargamentos con cigarrillos y productos de contrabando con los turnos de determinados agentes, hasta reducir la nómina de sospechosos. El operativo de desarticulación se concretó el 10 de octubre de 2017, cuando los implicados fueron detenidos.
El fiscal Diego Stehr acusó a los cuatro de haber conformado una asociación ilícita con división de roles y permanencia en el tiempo, entre agosto de 2016 y octubre de 2017. La maniobra, según la acusación, afectó las arcas del Estado y generó competencia desleal para los comerciantes formales de Misiones.
El tribunal estuvo integrado por Enrique Bosch, Manuel Alberto Jesús Moreira y Fabián Gustavo Cardozo. La fiscal Vivian Barbosa representó al Ministerio Público Fiscal y la abogada Rosana Sienra intervino por Arca (ex AFIP). Las defensas de los condenados anticiparon que recurrirán la sentencia.
Los jueces fijaron el 24 de septiembre a las 19 para la lectura de los fundamentos. Mientras tanto, se ordenó mantener los embargos sobre los bienes de los implicados para garantizar la reparación del perjuicio económico.
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