Personas con discapacidad y sus familias debieron movilizarse por sus propios medios para recibir cartas documento y revalidar sus datos. En ambos municipios, el operativo se realizó al aire libre, con filas extensas, demoras y sin condiciones que contemplen la vulnerabilidad de los beneficiarios.
Tras el escandalo nacional por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) la revalidación de datos para beneficiarios de pensiones no contributivas en Misiones se está desarrollando en condiciones que generaron críticas y malestar entre las personas con discapacidad y sus familias.
Tanto en San Ignacio como en San Pedro, los operativos se organizaron en espacios abiertos y sin previsión de accesibilidad, lo que obligó a cientos de personas a movilizarse y esperar en largas filas para poder cumplir con un trámite fundamental para la continuidad de su pensión.
San Ignacio: trámite frente a la reducción jesuítica
En la localidad de San Ignacio, los beneficiarios fueron citados mediante carta documento para presentarse en un operativo de actualización de datos. El lugar designado fue un espacio abierto frente a la reducción jesuítica, al aire libre y sin condiciones de resguardo frente al clima.
Fernando Cejas, responsable de auditorías de pensiones por discapacidad en la provincia, explicó que “es una auditoría que se está haciendo en todo el país. Simplemente es una revalidación de datos para las personas que ya tienen la pensión otorgada. Lo que nosotros hacemos es corroborar que los datos estén bien con lo que figura en el sistema”.
Según precisó, los beneficiarios son convocados mediante carta documento, en la que se les informa la fecha y el lugar donde deben presentarse. “La persona viene con su DNI, el certificado de discapacidad y, si lo tiene, la historia clínica. Nosotros tomamos esos datos, emitimos un comprobante y con eso cuentan con 30 días para finalizar la revalidación del trámite, ya sea de manera presencial en cualquier oficina de ANSES o de forma online”, agregó.
El funcionario aclaró que en esta instancia no intervienen médicos, ya que el otorgamiento de la pensión ya requirió evaluaciones médicas previas. “Ahora solo se verifica la documentación. Puede que luego ANSES solicite algún otro estudio, pero nuestra tarea es únicamente administrativa”, remarcó.
Testimonios de los beneficiarios
A pesar de la explicación oficial, muchos de los presentes cuestionaron la forma en que se desarrolló el operativo. Varios de ellos llegaron desde parajes y colonias rurales y criticaron que el trámite se hiciera en espacios abiertos, sin infraestructura adecuada.
Una mujer que acompañaba a su esposo desde Colonia Pastoreo relató: “A mí no me llegó la carta documento. Vine porque un vecino me avisó, y nos pidieron placas médicas hechas en Posadas. Es muy desprolijo, nos hacen viajar y no sabemos si los papeles llegan realmente a Buenos Aires”.
Desde Colonia Tacuara, otro beneficiario coincidió: “Me parece malísimo que esto se haga al aire libre, en un restaurante. Tendría que ser en un municipio, en una oficina. La gente se expone al sol y al calor, y muchos tenemos miedo de perder la pensión si no cumplimos”.
En la misma línea, un vecino de Jardín América sostuvo que “hay una falta de empatía. Uno tiene que venir igual porque si no, corre el riesgo de quedarse sin pensión. La confianza es relativa, pero no tenemos opción”.
Otros beneficiarios, sin embargo, destacaron la atención del personal en el lugar, aunque remarcaron la distancia y el tiempo de espera. *“Estamos desde las 11 de la mañana, por lo menos nos atienden bien»
La decisión despertó cuestionamientos: familias enteras debieron trasladarse con dificultad, algunas personas en sillas de ruedas dependieron de vehículos prestados, y muchos soportaron esperas prolongadas sin un espacio adaptado. Lejos de ofrecer una alternativa más accesible, las autoridades se limitaron a recibir la documentación de manera presencial.
San Pedro: filas de tres cuadras y miles de personas citadas
En San Pedro, la situación no fue menos compleja. Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas se congregaron en el Polideportivo Municipal para retirar cartas documento. En total, unas tres mil personas deben recibir el telegrama que las cita a presentarse el 13 de septiembre en el Centro de Salud local, ubicado sobre calle Chubut, con estudios firmados por profesionales que certifiquen su discapacidad.
La concurrencia fue masiva: las filas se extendieron por tres cuadras y se estima que solo en la primera jornada se entregaron alrededor de 1.500 cartas. El operativo continuará hasta mañana viernes. En el lugar trabajan siete empleados de la empresa de correo, pero todo se realiza de manera manual y presencial, lo que generó demoras y mayor incomodidad.
Según el comunicado difundido por la Dirección de Acción Social de la Municipalidad, quienes no puedan asistir personalmente podrán enviar a un tutor legal o un mayor de edad con su DNI y el del titular. Sin embargo, la necesidad de concurrir en persona al operativo volvió a exponer las dificultades de movilidad y acceso que enfrentan quienes viven en zonas rurales o alejadas.
Falta de sensibilidad y riesgos de exclusión
Tanto en San Ignacio como en San Pedro, las quejas se multiplicaron. Beneficiarios y familiares cuestionaron la falta de consideración de las autoridades para organizar un trámite que afecta directamente a un sector vulnerable y dependiente de esta ayuda económica.
Más allá de la masividad del operativo, el procedimiento dejó en evidencia la desorganización y la ausencia de un enfoque inclusivo: largas filas bajo el sol, falta de infraestructura adecuada, trámites presenciales obligatorios y tiempos reducidos para presentar documentación médica en localidades donde no siempre hay disponibilidad de profesionales idóneos.
Lo que debería ser una instancia de acompañamiento y garantía de derechos terminó convirtiéndose en un obstáculo engorroso que, lejos de facilitar, complejizó aún más la vida de quienes dependen de las pensiones no contributivas para subsistir.
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