El Tribunal Oral Federal de Posadas condenó este miércoles a cuatro funcionarios de la Aduana y a un civil por delitos de corrupción y contrabando en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Las penas incluyeron prisión efectiva, prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La fiscal Vivian Barbosa expresó tras la sentencia que se mostró “muy conforme con la condena”, al remarcar que “el Ministerio Público Fiscal, como siempre, ha trabajado de manera coordinada”.
Orlando Ariel Alfonso recibió cinco años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua; Bernardino Castor Esquivel, seis años de prisión e inhabilitación perpetua; Francisco Antonio Llorente, cinco años de prisión e inhabilitación perpetua; y Lorenzo René Juárez, tres años de prisión en suspenso con reglas de conducta e inhabilitación perpetua. El particular Miguel Ángel Jara fue condenado a tres años de prisión en suspenso y deberá cumplir pautas de conducta, entre ellas completar la escuela secundaria y mantener un empleo formal.
Barbosa destacó que fueron “muchos años de trabajo en la instrucción, como así también de la Procuración General de la Nación, que ha brindado todo su apoyo tecnológico, porque hubo muchas pericias que hubo que relevar”. En ese sentido, sostuvo que “fue arduo el trabajo, pero muy conforme con la decisión de este tribunal”.
El debate incluyó más de una docena de audiencias, la inspección en el cruce internacional y pruebas como escuchas telefónicas, allanamientos y documentación que reveló el funcionamiento de una estructura que cobraba sobornos para permitir el ingreso irregular de mercadería desde Paraguay.
Sobre el sustento de la acusación, la fiscal explicó: “Es criterio del Ministerio Público Fiscal. La acusación tiene que tener certeza probatoria y caudal probatorio suficiente como para que amerite un pedido de condena”.
El tribunal estuvo presidido por el juez Enrique Bosch e integrado por Manuel Alberto Jesús Moreira y Fabián Gustavo Cardozo. La querella institucional fue ejercida por la abogada Rosana Sienra, en representación de Arca (ex AFIP). Las defensas anticiparon que recurrirán la decisión ante la Cámara de Apelaciones.
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