El Tribunal Oral Federal de Posadas impuso este miércoles penas de prisión e inhabilitación perpetua a cuatro funcionarios aduaneros y a un particular, tras considerarlos responsables de una red de coimas y contrabando en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. La defensa de dos de los imputados, representada por Ramón Camargo, confirmó que recurrirá la sentencia.
“Estamos sorprendidos, hemos llevado adelante la defensa de este caso de la mejor manera posible y son los criterios que ha sentado el tribunal, los cuales respetamos, obviamente no estamos de acuerdo”, expresó el letrado en diálogo con este medio.
Camargo subrayó que aguardan la fundamentación completa de la resolución para definir los próximos pasos: “Todavía no podemos adelantar nada porque recién vamos a conocer los fundamentos en septiembre, cuando lo sepamos hablaremos del tema y veremos cuáles son los agravios que plantearemos. De hecho, consideramos el proceso nulo, han escuchado extensamente nuestros planteos, no son descabellados para nada”.
El abogado sostuvo que el eje de la condena estuvo en la figura de asociación ilícita: “Acá la figura que se ha aplicado para todos es la asociación ilícita, es la figura base sobre la cual se ha trabajado. Si sacamos la asociación ilícita, que es la formación de una organización criminal que ha sostenido la fiscalía y que nosotros cuestionamos, veremos lo que nos dice Casación y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Respecto del caso de Orlando Ariel Alfonso, condenado por asociación ilícita, cohecho y contrabando agravado, Camargo insistió en que “planteamos la nulidad de las actas y del procedimiento, ustedes escucharon, el primer punto del fallo es rechazarnos los planteos de nulidad. Consideramos que son nulos esos procedimientos, estamos convencidos de eso y vamos a recurrir”.
Finalmente, el defensor remarcó que no se acreditaron los requisitos de la figura de asociación ilícita. “Yo creo que es muy grave la sentencia, la condena por asociación ilícita. No se dan las condiciones para eso. La asociación ilícita requiere una organización, requiere un montón de aspectos que acá no se dan. Claramente la forma de presentación de la causa por parte del Ministerio Público Fiscal y de la querella ha coincidido con el criterio de los magistrados. Igualmente no estamos de acuerdo y vamos a recurrir la sentencia”, cerró.
El tribunal estuvo presidido por el juez Enrique Bosch e integrado por Manuel Alberto Jesús Moreira y Fabián Gustavo Cardozo. La fiscalía fue representada por Vivian Barbosa, mientras que la querella institucional de la AFIP (hoy Arca) estuvo a cargo de la abogada Rosana Sienra.
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