Tras más de seis horas de audiencia, la querella y la fiscalía solicitaron condenas de hasta siete años de prisión, mientras que una de las defensas pidió el sobreseimiento de su cliente. El debate continuará este miércoles.
El juicio oral a cuatro funcionarios de la Aduana de Posadas por presunta asociación ilícita y cohecho avanzó este lunes hacia su etapa final con el inicio de los alegatos. La jornada comenzó a primera hora con una inspección ocular en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, donde el tribunal, la fiscalía, la querella y las defensas realizaron una recorrida de más de 40 minutos.
Luego, desde las 15, se reanudó el debate en la sede del Tribunal Oral Federal de Posadas, sobre la calle Félix de Azara. En la sala se escucharon los alegatos de la querella y la fiscalía, y se alcanzó a iniciar el de una de las defensas, tras más de seis horas de audiencia. El proceso pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9.30, cuando expondrán los abogados Ramón Camargo y Roberto Benítez.
Los pedidos de la querella
La querella de la AFIP-DGA, representada por Rosana Sierna, solicitó condenas de entre cuatro y siete años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra los imputados. En su exposición, repasó la investigación iniciada en 2016 a partir de una denuncia presentada por el entonces jefe del paso internacional, Fernando Garnero, y citó pruebas como escuchas telefónicas, planillas de turnos y testimonios de procedimientos realizados en la zona fronteriza.
Bernardino Castor Esquivel: 7 años de prisión e inhabilitación perpetua, por asociación ilícita y cohecho; Orlando Ariel Alfonso: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, por asociación ilícita y cohecho; Francisco Antonio Llorente: 5 años de prisión e inhabilitación perpetua, por asociación ilícita y cohecho y Lorenzo René Juárez: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua, por asociación ilícita y cohecho.
Además, pidió el decomiso del 20% de los bienes de los acusados y la devolución de viáticos cobrados durante los turnos cuestionados.
El alegato de la fiscalía
La fiscal Vivian Barbosa adhirió al planteo de la querella y sostuvo que los acusados cobraban sobornos para permitir el ingreso irregular de mercaderías desde Paraguay. Según detalló, los paseros recibían información sobre los turnos y carriles de control. También presentó capturas de pantalla de mensajes y pericias realizadas a teléfonos celulares.
Los pedidos de pena fueron los mismos que solicitó la querella, con el agregado de una reparación económica al Estado nacional.
La defensa de Llorente
El abogado Luis Palma, en representación de Francisco Llorente, solicitó su sobreseimiento. Junto a su colega, argumentaron que la denuncia inicial carecía de carácter penal y cuestionó la validez de las escuchas telefónicas utilizadas como prueba, al señalar que vulneraban la intimidad y que varias conversaciones fueron mal interpretadas.
En el banquillo se encuentran Orlando Ariel Alfonso (56), Francisco Antonio Llorente (64), Lorenzo René Juárez (67) y Bernardino Castor Esquivel (51). Están acusados de asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Alfonso enfrenta además una imputación por contrabando agravado.
La causa se originó en 2016 y derivó en detenciones en octubre de 2017, tras allanamientos simultáneos en Posadas y otras localidades de Misiones. Según la acusación, los exfuncionarios formaban parte de una red que utilizaba comunicaciones encriptadas y códigos futbolísticos para facilitar cruces de mercadería sin aval aduanero entre 2016 y 2017.
El tribunal está integrado por Enrique Bosch, Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Fabián Cardozo. Se espera que en los próximo días se completen los alegatos de las defensas y el proceso ingrese en su tramo final con la posibilidad de sentencia.
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