La Corte Suprema rechazó el planteo de Pablo Otero y ratificó la validez del impuesto mínimo al tabaco. Tabacalera Sarandí deberá pagar más de US$ 1.000 millones, tras años de cautelares que le permitieron evitar el tributo.
El fallo declaró constitucional el tributo y rechazó los planteos de Pablo Otero.
Tabacalera Sarandí acumuló la deuda desde 2018, cuando se sancionó la Ley.
La Corte remarcó que los impuestos son parte de la política fiscal y de salud pública.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación asestó un golpe definitivo a Tabacalera Sarandí, empresa de Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco”. En un fallo unánime, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y ordenó que la compañía pague más de US$ 1.000 millones en concepto de deuda acumulada desde 2018, año en que se sancionó la Ley que regula los tributos al sector.
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Llorens, Mario Boldú y Patricia Moltini revocaron una sentencia de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que había declarado inconstitucional la norma. Sostuvieron que Tabacalera Sarandí no acreditó afectación al derecho de propiedad ni la irrazonabilidad de la Ley, y que su presentación careció de sustento fáctico y jurídico.
“La escueta y dogmática alegación de inconstitucionalidad de una ley, desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente, no basta para que los jueces ejerzan la atribución […] que debe considerarse como última ratio del orden jurídico”, advirtieron los magistrados. También remarcaron que los impuestos son “un valioso instrumento de regulación” y que su diseño es una atribución exclusiva del Congreso.
La Corte desestimó además la última maniobra de Otero, quien alegó haberse acogido a un plan de regularización de pagos, sin presentar comprobantes. El fallo subraya que la fijación de tributos como el impuesto mínimo al tabaco persigue no solo fines recaudatorios, sino también objetivos de salud pública, citando a la OMS, que lo considera la medida más efectiva para reducir el consumo.
El conflicto comenzó en 2018, cuando Otero impugnó la constitucionalidad del impuesto, alegando que era expropiatorio y perjudicaba a pequeñas empresas como la suya. Durante años obtuvo cautelares que le permitieron no pagar, lo que impulsó el crecimiento de Tabacalera Sarandí del 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023, con marcas como Red Point, West, Kiel y Master.
Pese a que en la Ley Bases del actual gobierno el impuesto mínimo dejó de regir, el fallo sienta un precedente para el cobro de la deuda millonaria. La Corte fue clara: “No hay otro desenlace posible que su desestimación” del planteo de inconstitucionalidad.
