AES Corporation demandó a la Argentina en una corte de Washington para ejecutar un fallo del CIADI por USD 732 millones, tras la pesificación de contratos en la represa Alicurá. El país enfrenta además otros seis juicios internacionales que suman USD 1.500 millones.
El reclamo fue iniciado en 2002 y ahora busca reconocimiento judicial en Estados Unidos
AES exigía inicialmente USD 1.814 millones más intereses, que podían superar los USD 2.500 millones
Argentina acumula otros seis juicios en el CIADI, con montos que rondan los USD 1.500 millones
La empresa norteamericana AES Corporation presentó una demanda en una corte de Washington con el objetivo de ejecutar una sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra la República Argentina, por un monto de USD 732 millones. La decisión surge tras más de dos décadas de litigio por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, ubicada sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro.
El reclamo se remonta al 19 de diciembre de 2002, cuando AES formalizó su demanda ante el CIADI luego de considerar agotadas las instancias judiciales locales. Según lo establecido en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y Estados Unidos firmado en 1991, el organismo dependiente del Banco Mundial funciona como tribunal final para resolver disputas entre inversores y Estados.
La empresa había reclamado originalmente USD 1.814 millones, que con intereses podrían haber trepado hasta USD 2.500 millones. Sin embargo, el fallo emitido en mayo de este año reconoció una compensación por USD 732 millones. Ahora, AES busca que la justicia estadounidense homologue el laudo y autorice su ejecución, lo que podría habilitar embargos sobre activos argentinos en ese país.
“El proceso continuará con una apelación de Argentina, que usará argumentos que aún se desconocen. Puede llevar años ejecutar el fallo, ya que se deben identificar y autorizar embargos sobre activos”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. “Todo esto está hecho para que Argentina se siente a negociar. No descarto que Milei utilice activos como parte de pago si privatiza reservas energéticas”, añadió.
Este caso se inscribe en un contexto de creciente presión judicial internacional contra el Estado argentino. Además de los USD 16.100 millones reclamados por Burford Capital por la estatización de YPF, hay al menos seis litigios activos más en el CIADI, por un total estimado en USD 1.500 millones.
Entre ellos se encuentra el caso BA Desarrollos LLC, por USD 58 millones, relacionado con terrenos del proyecto Catalinas Norte II; y el de Abertis Infraestructuras, que reclama casi USD 296 millones por la nulidad de acuerdos en concesiones viales.
Otro expediente es el de IJM Corporation Berhad, de Malasia, que exige USD 51 millones por alteraciones contractuales en concesiones viales. También se destaca el fallo ya emitido en abril de este año a favor de Webuild (ex Salini Impregilo), por más de USD 152 millones, debido a la afectación de su participación en Puentes del Litoral S.A.
Por su parte, la firma holandesa Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. reclama USD 157 millones por la eliminación del régimen de capitalización de las AFJP, mientras que Casinos Austria recibió en 2021 un laudo favorable por USD 21 millones, aún en proceso de revisión.
Según Maril, “ninguno de estos casos está tan avanzado como para un fallo inminente”, aunque el volumen de litigios en curso representa un frente sensible para el gobierno argentino, que busca atraer inversiones en medio de un contexto económico delicado.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
