El expresidente de Colombia fue hallado culpable de soborno y fraude procesal. Es el primer exmandatario condenado penalmente en la historia del país. La defensa apelará el fallo, mientras crecen las tensiones políticas.
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia dictó la sentencia este lunes, marcando un hito judicial en el país: Uribe se convirtió en el primer exjefe de Estado colombiano privado de su libertad por una causa penal. Además, fue inhabilitado por más de ocho años para ejercer cargos públicos y deberá abonar una multa equivalente a 837 mil dólares.
La causa se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestas calumnias. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema viró el enfoque de la investigación al expresidente, al hallar indicios de manipulación de testigos para desacreditar a Cepeda. Según el fallo, Uribe habría presionado a paramilitares presos para que modificaran sus declaraciones. En 2020, el exmandatario renunció al Senado, lo que hizo que el proceso pasara a la justicia ordinaria.
Durante la audiencia, Uribe —que participó de forma virtual— se mostró visiblemente alterado y protagonizó un cruce con la magistrada: “¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió la jueza luego de que interrumpiera para protestar por la mención a su familia. El documento judicial, de 1.114 páginas, detalla que la condena total es de 120 meses por el delito de soborno y otros 104 por fraude, aunque se unificaron las penas en 12 años de arresto domiciliario.
La defensa ya anunció que apelará el fallo, que consideran “politizado”. Si bien el Tribunal Superior de Bogotá deberá expedirse antes del 16 de octubre, de no hacerlo, el caso podría ser archivado.
El fallo agudizó la confrontación con el presidente Gustavo Petro. Uribe y su equipo denunciaron al mandatario por «hostigamiento y calumnia», al considerar que sus declaraciones agravan la situación judicial del líder derechista. A su vez, el partido Centro Democrático convocó a una movilización el 7 de agosto en defensa del expresidente, mientras manifestantes gritaban “¡Justicia arrodillada!” y “¡Jueza corrupta!” en las inmediaciones del juzgado.
Desde el oficialismo, en cambio, la condena fue celebrada como un paso hacia la verdad y la justicia. “Pasa de presidente a presidiario”, escribió el legislador Eduard Sarmiento, mientras que la senadora María José Pizarro aseguró que la sentencia “abre un camino para que Uribe responda por graves violaciones a los derechos humanos”. La decisión judicial sacude al tablero político a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026.
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