Con apoyo casi unánime, el oficialismo salvadoreño reformó la Constitución para habilitar la reelección presidencial indefinida, extender el mandato a seis años y eliminar la segunda vuelta. La oposición denunció un "golpe a la democracia" y crecen las alertas internacionales.
El Congreso de El Salvador aprobó este jueves una profunda y polémica reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, en una sesión cargada de tensiones y críticas por parte de la oposición y organismos internacionales. La medida, impulsada por el oficialismo, obtuvo el respaldo de 57 de los 60 diputados del cuerpo legislativo, dominado por el partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele.
La reforma, además de habilitar la reelección sin límite, extiende el período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta en las elecciones. También establece que el actual mandato de Bukele, que comenzó en 2024, concluirá anticipadamente el 1 de junio de 2027. Ese mismo año se realizarán elecciones presidenciales, legislativas y locales de manera simultánea.
“Buscamos darle el poder total al pueblo salvadoreño y unificar las condiciones electorales de todos los cargos, incluyendo el del presidente”, argumentó la diputada oficialista Ana Figueroa, quien también defendió la ampliación del mandato como un mecanismo para lograr “mayor estabilidad”, “seguridad jurídica” y “reducción de costos”.
Desde la oposición, sin embargo, el repudio fue categórico. La diputada Marcela Villatoro calificó el proceso de “burdo y cínico” y levantó en plena sesión un cartel que decía: “Este día murió la democracia”. Claudia Ortiz, también opositora, sostuvo que la reforma “perpetúa a un pequeño grupo en el poder y deja cada vez más pobre a la gente”.
Organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, alertaron sobre el riesgo que implica esta reforma para la alternancia democrática. “El día antes de las vacaciones, sin debate, sin informar a la ciudadanía, en una sola votación legislativa, cambiaron el sistema político para permitir que el presidente se perpetúe en el poder”, denunció Noah Bullock, de la organización Cristosal, cuyos miembros abandonaron el país recientemente por temor a represalias.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, fue aún más contundente: “Están recorriendo el mismo camino que Venezuela. Empieza con un líder popular que concentra poder y termina en dictadura”.
Bukele, por el momento, no emitió declaraciones sobre la reforma. No obstante, en enero pasado, durante un discurso televisado, dejó clara su postura frente a las críticas: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
Bukele asumió por primera vez la presidencia en 2019 y fue reelecto en 2024 con el 82,8% de los votos, a pesar de que la Constitución prohibía expresamente la reelección. Logró sortear ese obstáculo tras una resolución favorable de la Sala de lo Constitucional, cuyos miembros habían sido nombrados por el oficialismo.
Su popularidad creció a la par de su política de mano dura contra las pandillas, bajo un régimen de excepción que redujo drásticamente los homicidios y convirtió a El Salvador en uno de los países más seguros de la región. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron graves violaciones a los derechos humanos: detenciones masivas sin pruebas, ausencia de procesos judiciales y condiciones inhumanas en centros penitenciarios como el CECOT.
La reforma marca un punto de inflexión en la política salvadoreña. Mientras el oficialismo la celebra como una forma de profundizar la transformación del país, la oposición y la sociedad civil temen que se esté consolidando un modelo autoritario.
👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés.
Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
