Desde su sanción en 2021, la Ley Diana Sacayán–Lohana Berkins permitió el ingreso de cientos de personas travestis y trans al Estado. Sin embargo, los despidos, la precarización y la falta de voluntad política amenazan con convertir ese avance en un derecho incumplido.
“Cuando una travesti entra al Estado, cambia la vida de esa travesti. Cuando muchas travestis entran al Estado, cambia la vida de toda la sociedad”. La frase de Lohana Berkins, emblema de la militancia travesti-trans, marcó una época. Cuatro años después de la sanción de la Ley 27.636, que lleva su nombre junto al de Diana Sacayán, las señales de retroceso en materia de inclusión laboral en el Estado nacional preocupan a quienes lucharon por ese derecho.
La ley, aprobada el 24 de junio de 2021, establece un mínimo del 1% de los puestos del Estado reservado a personas travestis, transexuales y transgénero. Además de promover la inclusión en el sector privado, también busca garantizar el acceso a la educación como condición de empleabilidad. Sin embargo, la sostenibilidad de este avance se encuentra hoy en riesgo.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, se perdieron casi 49 mil empleos estatales según el INDEC. Diversas organizaciones denuncian que entre los desvinculados hubo trabajadores trans, aunque la falta de registros oficiales impide cuantificar el impacto real en el colectivo. El incumplimiento de la ley, sumado al recorte de programas y el congelamiento de vacantes, configura un escenario adverso.
La discriminación tampoco cesó con la sola aplicación del cupo. Según el informe Diversidad en el Trabajo de Bumeran, siete de cada diez trabajadoras en Argentina sufrieron algún tipo de discriminación laboral. En el caso de las personas trans, muchas optaron por ocultar su identidad por miedo al despido o la violencia simbólica. “Entrar al Estado no garantiza inclusión real si no se modifican las condiciones estructurales que sostienen la exclusión”, advierten desde organizaciones LGBT+.
El testimonio de Bárbara Di Rocco, activista y trabajadora trans, resume la fragilidad de estos derechos. “Todavía hay prejuicios sobre nuestra existencia. Hay compañeras que entraron al Estado y fueron blanco de burlas. Algunas no aguantaron. Pero para muchas otras, significó dejar la calle, el frío, la violencia. Fue cambiar la vida”, relató. Y añadió: “Estoy cansada de ir a oficinas donde trabajan 1500 personas y no hay una sola persona trans. Solo nos muestran en el Mes del Orgullo. Nos usan como decoración, no como sujetos de derechos”.
Además de la exclusión laboral, la pobreza estructural golpea con fuerza. Un informe del Observatorio de Géneros de ATE Nacional relevó que entre fines de 2023 y abril de 2024 se registraron al menos 80 despidos de personas travestis, trans y no binarias en organismos como ANSES, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. En muchos casos, representaban el total o gran parte del cupo cumplido en esas áreas.
El 57% de quienes tienen empleo formal dentro del Estado aún vive por debajo de la línea de pobreza. El 60% alquila, muchas veces en condiciones abusivas o con dificultades para acceder a una vivienda por discriminación. El ingreso a la planta estatal suele ser en los escalafones más bajos, con sueldos mínimos y sin posibilidad de carrera.
Pato Laterra, economista y activista LGBT+, sostiene que el retroceso es evidente: “Cuando el Estado cumplía con el 18 o 19% del cupo en algunos organismos, hoy bajó al 15%. No hay campañas, ni comunicación, ni voluntad de sostener la ley”. Y advierte: “La inclusión no puede depender solo del cupo. Se necesitan políticas activas, formación en derechos humanos y condiciones laborales dignas”.
La Encuesta Nacional ‘Violencia Laboral y Política en contexto de ajuste’, realizada por ATE en 2024, concluye que el cumplimiento del cupo debe complementarse con acciones concretas: aplicar el Convenio 190 de la OIT, financiar la Ley Micaela y garantizar ambientes laborales seguros e inclusivos.
A pesar de la conquista legislativa y del trabajo de más de 150 organizaciones que impulsaron la ley, el horizonte es incierto. El 55% de las personas consultadas por Bumeran cree que la inclusión laboral no será prioridad en los próximos años. El riesgo es claro: sin políticas públicas sostenidas, presupuesto y voluntad, los derechos conquistados pueden desvanecerse.
La Ley de Cupo Laboral Trans fue una victoria. Pero su cumplimiento sigue siendo una deuda.
Fuente: TN
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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