Tras la aprobación en el Senado de la Ley de Emergencia en Discapacidad, solo resta su promulgación por parte del Ejecutivo, aunque el presidente anticipó un posible veto. Tatiana Antúnez, titular del COPRODIS, cuestionó los “retrocesos” nacionales en materia de derechos y destacó que Misiones mantiene una agenda ampliada junto a municipios y ONGs. “No dejamos de pagar impuestos nacionales, todos pagamos IVA hasta en el kilo de arroz que compra la persona en situación de calle. Esa contraprestación debería volver a la provincia”, aseguró.
La titular del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), órgano creado por la Ley Provincial N°115 y que tiene funciones de articulación, promoción de derechos y ejecución de programas vinculados al sector, explicó que “es un espacio de trabajo donde participan organismos de los tres poderes del Estado y también ONGs. Desde ahí impulsamos políticas públicas, como programas específicos de atención a personas con discapacidad”.
El consejo tiene como dinámica el trabajo con representantes designados por cada organismo que forma parte. Según indicó, esta red articula de manera constante: “Trabajamos con el Ministerio de Deportes, Educación, Desarrollo Social, Derechos Humanos, entre otros. Armamos agendas comunes y damos respuestas en conjunto a las demandas que recibimos”.
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La sede central del organismo funciona en el edificio de la Vicegobernación, sobre avenida Santa Catalina 1778 en Posadas, donde ampliaron recientemente los horarios de atención. “Nunca se había hecho atención por la tarde, ahora agregamos un turno vespertino de 13 a 17 horas. Incluimos también un intérprete en lengua de señas para brindar atención directa a la comunidad sorda”, indicó en Más allá de las barreras.
Además, COPRODIS trabaja de forma permanente con áreas sociales de los municipios. “Muchas veces ellos nos derivan consultas o nosotros a ellos cuando no podemos llegar con el equipo. También articulamos con ONGs y abrimos mesas de trabajo específicas cuando se presentan casos complejos”, señaló. Un ejemplo reciente fue el trabajo con el Comité de la Cultura Sorda, que reunió a organizaciones, universidades y especialistas para tratar temas puntuales de accesibilidad.
Consultada por los límites de actuación del consejo, Antúnez aclaró que no pueden intervenir en causas judiciales ya iniciadas, “salvo que la justicia nos notifique de oficio”. Sin embargo, remarcó que el lugar del COPRODIS dentro del organigrama provincial permite una acción más resolutiva. “Tenemos una pata ejecutiva fuerte al estar bajo la órbita de la Vicegobernación. A veces no queremos estar en todos lados, pero la demanda nos obliga. Nuestro jefe nos dice: ‘resuelvan’, y buscamos dar respuesta”.
“Pudimos armar un equipo interdisciplinario, tenemos trabajadores sociales, abogados, psicólogos, profesora en educación especial, alguien que está abocado a la educación vial. Desde ahí abordamos casi todas las situaciones y armamos ejes de trabajo, cada persona que es especialista en un tema aborda la situación por temática y ahí se va comunicando con el organismo, porque si bien no somos muchas personas, somos nueve personas en total en el equipo y tenemos personas con discapacidad también en el equipo que colaboran en todo este proceso, que se ocupan de hacer la atención, de la derivación, de acercarse, de armar las actividades, de armar las capacitaciones. Entonces, yo creo que la clave nuestra es el orden, es tratar de ser lo más ordenados posible, dividirnos las tareas, hacer un buen trabajo en equipo y también entender que todos los entes de la provincia son parte del equipo para dar respuesta a la gente”, completó.
El ajuste libertario
En relación al contexto nacional, la licenciada enumeró los múltiples “retrocesos” desde el inicio del actual gobierno de Javier Milei, especialmente en el sistema de pensiones. “Se aplican auditorías irregulares. Asignan turnos sin notificación previa, en direcciones inexistentes o sin considerar accesos digitales y eso deja afuera a muchas personas”. También aseveró que en ciudades como San Ignacio o 25 de Mayo tuvieron que intervenir para corregir errores graves en la gestión de turnos.
Otro punto que subrayó fue la demora en pagos a prestadores y en la entrega de medicamentos de alto costo. “Tuvimos casos de seis meses de espera. Una persona con esclerosis no puede esperar. Estamos hablando de tratamientos que valen entre 5 y 35 millones de pesos”.
La dirigente también criticó la falta de presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), lo cual se revertería en el caso de que se apruebe la normativa de emergencia sancionada. “Otra de las cosas que a mí me parece muy importante es que le brinda presupuesto y declara emergencia desde este año hasta el 2027, donde le brinda o debería brindar presupuesto a la Agencia Nacional de Discapacidad para que sostenga los programas que hasta hoy se están brindando a las personas con discapacidad. Además de garantizarle la actualización de los aranceles a los prestadores, la actualización de los pagos que llevan más de 12 meses, en algunos casos, sin cobrar.
Así, celebró la media sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca revertir este panorama. “Es clave porque crea una pensión no contributiva específica para personas con discapacidad, ya no atada a la invalidez laboral. Muchos tienen formación universitaria y capacidad laboral, pero el mercado no los incluye. Es necesaria esta ley para que venga a proteger determinados derechos que ya estaban instituidos por la Convención Internacional y la ley nacional”.
Sobre la postura de la provincia, destacó la inversión misionera abocada a esta problemática incluso en un escenario de ajuste. “Hay nuevos equipos para pacientes oncológicos. El Hospital Madariaga sigue siendo elegido por su calidad. La Salud Pública responde. No es lo mismo atender a 100 que a 2.000 personas con el mismo personal. Aun así, se sostiene”.
“A veces uno se enoja por las largas colas, pero eso es parte de la demanda que está teniendo hoy la Salud Pública. Las personas que se quedan sin obra social, que no tienen opción… y hay muchas, muchas personas que también eligen por ejemplo nuestro Hospital Madariaga por la calidad de atención. Entonces, tenemos una demanda en el ámbito de la Salud Pública muy grande, funciona, se atiende, se responde, lo que sí el impacto es obviamente demora en alguna respuesta”, se explayó la funcionaria.
De esta manera, hizo hincapié en la necesidad de un compromiso real del gobierno nacional. “Nosotros no dejamos de pagar los impuestos nacionales, entonces, hay una contraprestación que no se está devolviendo a la provincia. Todos pagamos IVA, hasta en el kilo de arroz que compra la persona que está en situación de calle, paga IVA, paga impuesto. Esa contraprestación debería volver a la provincia, y sobre todo para la atención de personas que están en una situación más vulnerable por el hecho de que no se garantizan sus derechos de por sí”.
“La Nación lo que hace con estas políticas es delegar toda la responsabilidad en las provincias, Y las provincias, la realidad es que tenemos presupuestos acotados, y que todo el tiempo uno dice, ¿qué otro impuesto voy a aumentar para poder garantizar la cobertura de todos estos derechos, pero también son servicios. Nación no se puede desligar de su responsabilidad. Nación tiene una obligación para con las personas con discapacidad, tiene una obligación para con cada ciudadano”, acentuó.
Más allá de las Barreras: ¿Qué podrías decir a aquellas personas que quizás no tienen la posibilidad de tener una persona con discapacidad en su seno familiar, en su entorno, para que se informen, para que que nos acompañen en toda esta situación que estamos atravesando y de informar un poco desde otro lugar?
Tatiana Antúnez: Yo creo que hay dos cosas que tener en cuenta: primero, nadie está exento de que le suceda, y además en muchos casos a veces a la gente le duele más el bolsillo. Vos te enfermás, de repente tenés un accidente en la moto, te quedás sin piernas. Hay muchísimos casos, la mayor incidencia en porcentaje de discapacidad motriz en la provincia es por accidentes, entonces te quedás sin trabajo, porque a veces, te pasó, no pudiste presentar la licencia y te dejan sin trabajo. Es una realidad, nosotros atendemos a un montón de gente que está en esa situación. Nadie está exento, entonces te puede pasar y requerís del estado para esto.
Una diálisis, ¿cuánto vale por mes? Vale casi 3 millones de pesos entre 2, 3 millones de pesos, ahora no sé cuánto están los precios actualizados, pero ¿quién tiene esa plata para pagar su diálisis cada mes? Nadie, a menos que tenga un poder adquisitivo alto, puede costearse, pero si no, lo hace el esquema solidario del estado. Y por eso, la discapacidad no puede vivir de la caridad, porque justamente nosotros tenemos que mirar desde una perspectiva de derecho y por otro lado, volver a esta experiencia de vida. Nos cruzamos con una persona con discapacidad en un semáforo, con muleta, otra vez discapacidad motriz o alguna persona con discapacidad intelectual, te pide plata, te toca el vidrio… el primer día le das, te toca el vidrio el segundo le das, el tercero qué le decís, che loco yo te di ayer, me fundo yo también.
Entonces, parte de este esquema solidario es pensar de que la discapacidad no puede ser pensada desde una mirada de caridad, es imposible sostener. Es a corto plazo, es difícil de sostener, las ONGs hoy no tienen capacidad de sostener eso, menos lo van a poder hacer a toda esta población que existe, entonces primero mirar desde una perspectiva de derecho como Estado y también la sociedad misma tiene que mirar a las personas en condiciones de igualdad y esos son los derechos, entonces yo tengo que tener la misma oportunidad que vos de poder ir a trabajar, o sea estas oportunidades tienen que estar para todos.
Por eso también siempre se habla de barreras, cuando hablamos de barreras y lo más importante de todos es que pensemos de ese lugar, la empatía, la responsabilidad, el compromiso con el otro y creo que una sociedad más empática también se desarrolla y evoluciona mucho mejor y crece mucho más, así que creo que más que nada va por ahí, que también es una mirada que tratamos de transmitir desde Consejo Provincial, que muchas veces uno en la vorágine diaria no tiene tiempo para hablarle al otro desde este lugar.
Me parece importante que miremos a través de todas las herramientas que tenemos, veamos que tenemos hoy un esquema solidario que funciona, que llega al otro, que atiende al otro, que abraza al otro. Eso también permite que uno mejore las acciones. No necesitás tener a una persona con discapacidad en la familia como para que digas ‘ahí entiendo la situación y me preocupo y me ocupo’. Solo necesitás tener un poquito de empatía, de escuchar al otro, de parar un poco, que a veces la vida también nos hace parar obligatoriamente, entonces parar un poco. Creo que todos anhelamos una sociedad con más oportunidades y mejor.
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