El juicio por la expropiación de YPF entra en una nueva etapa crucial. La Argentina debberá presentar sus argumentos a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York antes del martes 22. El país busca evitar la ejecución de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que ordenó la entrega de acciones de la petrolera como parte de pago de los US$16.000 millones que se deben abonar por la expropiación de la compañía en 2012.
Los abogados de la Argentina apelarán la decisión, pidiendo que se suspenda la ejecución de la orden de Preska mientras se revisa el caso. Según fuentes cercanas, la defensa de la Argentina pretende que la Corte de Apelaciones mantenga en suspenso la transferencia de las acciones de YPF mientras se resuelve el pedido de revocar el fallo de Preska.
Un giro inesperado en el caso ocurrió cuando los fondos demandantes informaron ante la Corte que no tienen interés en quedarse con los activos de YPF. En lugar de solicitar las acciones, pidieron que la Argentina deposite una garantía mientras avanza el proceso apelatorio. Este cambio de postura sorprendió, ya que el caso se había originado por los reclamos de los demandantes ante el tribunal de Preska.
El fondo Burford, que es uno de los principales beneficiarios del fallo, presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones pidiendo que la Argentina no pueda apelar el fallo sin antes depositar una garantía. Ahora, el país tiene hasta el martes para presentar su defensa por escrito, y la Corte decidirá qué sala del tribunal se encargará de definir la ejecución de la sentencia.
Se espera que la Corte tome una decisión sobre la suspensión de la entrega de las acciones hacia finales de mes. Si la Cámara de Apelaciones acepta el pedido de la Argentina, la sentencia de Preska quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación, lo que otorgaría un respiro al país. Esto implicaría que la deuda de US$16.100 millones, más los intereses, quedaría en suspenso.
Por el contrario, si la Corte rechaza la solicitud argentina, la orden de Preska se reactivará, lo que podría exponer a la Argentina a un riesgo de desacato y generar consecuencias en los mercados internacionales.
En paralelo, la Corte de Apelaciones también deberá decidir si el pago de la deuda debe realizarse con las acciones de YPF, en las que el Estado argentino posee el 51% de la compañía.
El contexto del juicio por la expropiación de YPF
El juicio se originó tras la expropiación de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. El 15 de septiembre de 2023, la jueza Preska dictó una condena contra la Argentina por US$16.100 millones, beneficiando a los fondos Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos para litigar de parte del grupo Petersen, propietario del 25% de YPF en el momento de la expropiación.
Los demandantes basaron su reclamo en el hecho de que el gobierno argentino no cumplió con el estatuto de YPF, al pagarle a Repsol con bonos, en lugar de realizar una operación similar a la de otros accionistas. Desde el fallo de finales de 2023, la Argentina ha apelado la sentencia, mientras los demandantes han intensificado sus estrategias de presión.
Además, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, intervino como amicus curiae en el juicio en apoyo de la estrategia argentina, buscando evitar la entrega de las acciones de YPF.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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