La crisis salarial y de atención médica que afecta al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales se profundiza en casi todo el país. Tanto los efectivos en actividad como los retirados enfrentan una doble problemática: sueldos iniciales bajos frente al costo de vida actual y graves deficiencias en la prestación de servicios de salud, especialmente fuera de Buenos Aires.
Las Fuerzas Armadas, que dependen del Ministerio de Defensa de la Nación encabezado por Luis Petri, atraviesan un escenario cada vez más complejo. Los efectivos del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea manifiestan que, pese a los descuentos por obra social que oscilan entre los $100.000 y $300.000 mensuales, las prestaciones que reciben a través de IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) son deficitarias en varias provincias.
IOSFA brinda cobertura médica y asistencial al personal militar y civil vinculado a las Fuerzas Armadas (Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina) y a las fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. También están incluidos el personal civil contratado o docente que presta servicio en estas instituciones, retirados, jubilados, pensionados, sus familiares, ex soldados conscriptos y veteranos de Malvinas. En total, la obra social alcanza a más de 600.000 afiliados en todo el país.
En paralelo, las fuerzas de seguridad federales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación dirigido por Patricia Bullrich, también acusan deterioro en los servicios médicos y sueldos desactualizados. Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria enfrentan condiciones similares. En muchos casos, los prestadores suspenden servicios por falta de pago, y los afiliados deben costear estudios, medicamentos, tratamientos o cirugías con sus propios ingresos, a la espera incierta de un reintegro.
En Misiones, por ejemplo, el prestador de la obra social del Servicio Penitenciario Federal es IAMIP. Durante varias semanas de este año, los servicios de farmacia estuvieron suspendidos por atraso en los pagos desde Nación. Esta situación obligó a muchos jubilados a comprar medicamentos de alto costo con la esperanza de un reintegro posterior. En el caso de IOSFA, si bien se reanudaron los pagos a laboratorios, en las últimas semanas, gran parte de las prestaciones siguen interrumpidas: kinesiología, radiografías y consultas con especialistas permanecen suspendidas en muchos municipios. Muchos laboratorios aún no reanudan la atención, temiendo nuevos atrasos en los pagos.
También en abril de este año se denunció el corte de prestaciones para personas con discapacidad, lo que impacta directamente en la calidad de vida de niños, niñas y adultos que requieren terapias continuas. El deterioro se agrava fuera del área metropolitana de Buenos Aires, donde las fuerzas no cuentan con hospitales propios y dependen de convenios con prestadores locales. En ciudades del interior de las provincias y zonas rurales, los afiliados deben trasladarse hasta las capitales provinciales para acceder a una atención parcial, ya que el resto del territorio permanece prácticamente desprovisto de esos servicios, o son escasos.
La Policía Federal Argentina cuenta con su propia obra social, administrada por la Superintendencia de Bienestar, que incluye una Dirección específica. La cobertura varía en cada provincia según el prestador designado. El Servicio Penitenciario Federal también tiene una obra social propia con sedes en CABA y las provincias. En cambio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin obra social propia, mantiene un convenio con la obra social Unión Personal desde 2021. Esta cobertura incluye el Plan Classic para retirados y jubilados, mientras que los activos pueden optar por planes superiores si tienen más de cinco años de afiliación, eso generó malestar también entre los integrantes de esa fuerza, por los costos agregados al descuento, que deben erogar.
En cuanto a los sueldos, los salarios iniciales en julio resultan insuficientes frente a los costos de vida actuales. Un gendarme o marinero cobra en promedio $728.304; el escalón inferior, «Gendarme II», percibe $662.095. Un aspirante de Policía Federal cobra $624.426 y un cadete de tercer curso $612.797. Un cabo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea percibe $673.588. El personal del SPF recibe sueldos similares, entre $662.095 y $728.300. En muchos casos, los ingresos están por debajo de lo que cobra un vigilador privado, según reclamos realizados a principios de este año en Entre Ríos, Salta, Santa Fe y Córdoba, como algunos ejemplos.
Este descontento se traduce en un fenómeno creciente: el aumento de pedidos de baja. Publicaciones internas y testimonios coinciden en que entre enero y junio de este año se registraron 257 bajas en el Ejército, 234 en la Armada, 193 en la Fuerza Aérea, 386 en Gendarmería, 322 en Prefectura, 412 en la Policía Federal, 177 en la PSA y 292 en el SPF. En su mayoría se trata de efectivos jóvenes que, destinados en ciudades como Buenos Aires, no logran afrontar los costos de alquiler y vida lejos de sus provincias de origen. Algunos optan por regresar a sus provincias para sumarse a las policías locales o insertarse en el sector privado.
La situación generó hace algunas semanas un pronunciamiento formal de ASUBA (Asociación de Suboficiales Argentinos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), que envió una carta al ministro Petri para expresar su «profunda indignación» por la falta de respuestas. El documento critica el congelamiento de la equiparación salarial y el colapso del IOSFA. «No hablamos de aspiraciones: hablamos de alquiler, de alimentación, de medicamentos, de hijos que no acceden a tratamientos y de camaradas que mueren esperando un reintegro», afirmó la entidad. También advirtieron que hay personal en actividad que cobra por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
