El juicio por la expropiación de YPF en Nueva York entra en una fase crítica esta semana. La jueza Loretta Preska decidirá si suspende la entrega de acciones mientras Argentina apela. Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia, presiona para cobrar. El Gobierno enfrenta tensiones internas y externas en un momento económico complicado.
El juicio por la expropiación de YPF, que se desarrolla en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York bajo la supervisión de la jueza Loretta Preska, entra en una etapa crucial esta semana. El Gobierno argentino, que ya recibió una condena de USD 16.000 millones hace dos años, enfrenta la posibilidad de nuevas decisiones adversas. Preska deberá decidir si suspende su propia orden de entrega de acciones de YPF al fondo Burford Capital, mientras Argentina continúa su apelación.
Este conflicto se intensifica en un momento político y económico ya de por sí convulso para el país. Burford Capital, el bufete de abogados que adquirió los derechos para litigar este caso, ha solicitado la ejecución de la sentencia, incluyendo embargos y la posible adquisición de acciones de YPF como parte de pago. La estrategia de Burford busca presionar al Gobierno argentino, a pesar de que la apelación aún no ha sido resuelta.
Según fuentes cercanas al caso, Burford asegura que el Gobierno eventualmente deberá negociar, dado el peso de la sentencia. En este contexto, el Gobierno argentino ha manifestado su descontento con los llamados «buitres domésticos», a quienes acusa de alimentar las demandas extranjeras con declaraciones y acciones que perjudican al país.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y viceministro de Economía en el momento de la expropiación, ha sido señalado como uno de los principales responsables. Desde Casa Rosada, afirman: «Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos».
En un intento de frenar la ejecución de la sentencia, Argentina ha presentado seis argumentos principales ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Entre ellos destacan la violación del derecho internacional, la afectación a la soberanía y el daño irreparable que significaría perder el control de YPF. Asimismo, el Gobierno cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha expresado su interés en el caso.
El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el Gobierno argentino expropió el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Aunque la operación fue aprobada por una ley del Congreso bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner, no se realizó una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como estipulaban las normas de la empresa. Burford Capital argumentó que esta omisión justificaba una compensación, lo que llevó al fallo en contra de Argentina en 2023.
El impacto de la sentencia va más allá de las cuestiones legales. La cifra de la condena inicial, que ya supera los USD 17.000 millones debido a los intereses, continúa incrementándose, sumando al menos USD 2,5 millones diarios mientras no se resuelve el conflicto.
Esta situación genera preocupación en el Gobierno, que teme un nuevo desacato con consecuencias internacionales si no se cumplen las exigencias de la corte. Las próximas horas son decisivas. La jueza Preska podría decidir frenar temporalmente su decisión, lo que requeriría que Argentina deposite una garantía en dólares o activos, algo que el país no ha hecho en situaciones anteriores.
La falta de cumplimiento inmediato podría resultar en un desacato, complicando aún más la situación diplomática y económica de Argentina. En medio de esta tensión, el Gobierno argentino continúa defendiendo su posición, aunque las opciones de negociación se vuelven más palpables. «Es correcto agotar todas las vías legales, pero mientras tanto se debería hacer algún tipo de control de daños», señaló Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, sugiriendo que sentarse a negociar no es una muestra de debilidad.
La semana promete ser intensa y determinante para el futuro de YPF y las finanzas de Argentina. La decisión de Preska, ya sea a favor o en contra de suspender la ejecución de la sentencia, tendrá repercusiones significativas en el ámbito político y económico del país y más allá.
Israel bombardeó Gaza mientras crece la presión internacional para que frene la ofensiva https://t.co/elBkXTZWVj
— misionesonline.net (@misionesonline) July 13, 2025
Fuente:: Infobae
