Ley nacional de emergencia en discapacidad: “Es un paso fundamental para garantizar derechos esenciales y el veto de Milei nos dejaría vulnerables”

Esta ley es clave para mejorar el acceso a servicios de salud, transporte y empleo, busca garantizar derechos esenciales para las personas con discapacidad en todo el país. El posible veto del presidente Javier Milei pone en riesgo la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada recientemente por el Senado.

El pasado jueves, el Senado de la Nación sancionó por unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad, una ley clave que busca reformar las pensiones no contributivas, actualizar aranceles y brindar compensaciones económicas para las personas con discapacidad. Con el apoyo de 56 senadores, incluyendo a los representantes de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la ley será de vital importancia para garantizar una mejor calidad de vida para este sector vulnerable de la sociedad, que enfrenta múltiples desafíos.

La nueva legislación, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, busca asegurar derechos fundamentales que están amparados por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene carácter constitucional en Argentina.

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La especialista en discapacidad, Soledad Varela, destacó la importancia de esta ley, señalando que “esto tiene que ver con un trabajo que se viene llevando adelante hace muchos meses, y que abarca una variedad de medidas clave, como garantizar las prestaciones básicas en salud y asegurar la accesibilidad en el transporte, ya sea para traslados médicos o para asistir a instituciones educativas, entre otras”.

En cuanto a los detalles de la ley, Varela explicó que la situación actual de las personas con discapacidad es crítica, especialmente en lo que respecta a la dificultad para acceder a servicios esenciales. “El transportista que traslada a personas con discapacidad está cobrando precios muy por debajo del valor del combustible ($541), lo que hace que muchos deban elegir cuántas personas pueden trasladar, afectando directamente a quienes dependen de estos servicios”, señaló Varela, quien también subrayó la necesidad de agilizar los trámites para la obtención de pensiones no contributivas por invalidez laboral, eliminando la burocracia que complica la vida de quienes más lo necesitan.

Varela también resaltó que, a nivel nacional, las personas con discapacidad enfrentan dificultades económicas adicionales, ya que, “la mayoría no consigue trabajo, depende de una pensión no contributiva o del apoyo de familiares cercanos”. Frente a este panorama, la ley ofrece un atisbo de solución al garantizar un paquete de medidas que favorezca la inclusión laboral y la mejora en la calidad de vida.

Un aspecto crucial de la ley es su énfasis en la inclusión laboral, con la creación de un cupo del 4% en el sector público, cifra que en Misiones es del 5%. “Lo que buscamos es garantizar que se respeten nuestros derechos, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias”, dijo Varela.

La ley también establece una compensación económica para los prestadores de servicios, quienes han enfrentado dificultades debido a los atrasos en los pagos, una situación que se refleja en la falta de cobertura de los servicios esenciales para las personas con discapacidad.

El posible veto del presidente

A pesar de los avances que esta ley representa, Varela se mostró preocupada por el posible veto de la ley por parte del presidente Javier Milei. “Si esta ley se veta, volvemos a quedarnos solos, a la deriva, en una situación de extrema vulnerabilidad”, advirtió.

Varela también lamentó los discursos de odio que se han incrementado desde la llegada del nuevo gobierno, que, según ella, han puesto en duda la legitimidad de las demandas del sector. “Es necesario que se retome el diálogo y que la sociedad comprenda que estamos pidiendo prestaciones básicas para vivir de manera digna, lo que cualquier ser humano merece”, concluyó.

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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024