El Tribunal Oral Federal Nº 2, a pedido de la Corte Suprema, ordenó que Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho implicados en la causa Vialidad devuelvan más de 500 millones de dólares al Estado. La cifra surge de la actualización de un decomiso inicial de 84.835 millones de pesos (fines de 2022), que al aplicársele inflación y ajustes crece hasta superar ese piso de medio millar de millones de dólares.
La causa investiga la adjudicación irregular de 51 obras viales en Santa Cruz, durante los gobiernos kirchneristas (2003‑2015), que habrían beneficiado al empresario Lázaro Báez con pagos sobredimensionados y contratos amañados. La Corte no solo confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para CFK, sino que también respaldó el decomiso y habilitó los trámites judiciales para hacerlo efectivo.
A cargo del cálculo actualizado está el Cuerpo de Peritos de la Corte, que deberá determinar con qué método ajustar los 84.835 millones de pesos: según fuentes, utilizando índices del INDEC, la tasa del Banco Central u otros parámetros. Algunas estimaciones ya hablan de montos que podrían llegar a más de 640 mil millones de pesos, equivalentes a unos 530 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Una vez establecida la cifra definitiva, los condenados tendrán un plazo legal de diez días para depositar el dinero. En caso de no hacerlo, la justicia avanzará con el embargo y la subasta de sus bienes, incluyendo propiedades vinculadas a CFK, Báez y el resto de los acusados.
Este movimiento marca una jugada fuerte por parte de la justicia para resarcir las arcas públicas. No solo se intenta recuperar los fondos defraudados, sino también enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad patrimonial en casos de corrupción de alto perfil.
