Un profundo proceso de reestructuración estatal comenzó a implementarse a partir de este martes con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 461/2025. Entre las medidas más resonantes se encuentra la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), cuyas funciones pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía y, en materia de control en rutas, a la Gendarmería Nacional Argentina.
La medida también alcanza a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismos dependientes del Ministerio de Transporte, que también serán eliminados. El decreto forma parte del paquete de decisiones ejecutivas que se apuraron antes del vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases.
En el caso de Vialidad, sus tareas de estudio, construcción y mantenimiento de rutas nacionales serán ahora responsabilidad del Ministerio de Economía, que podrá delegarlas en otras jurisdicciones. Además, se reemplazará toda mención a la DNV en las normativas vigentes por el Ministerio o el ente que designe.
La norma justifica la decisión señalando una “estructura compleja”, escasa eficiencia, altos costos operativos y una desproporción entre recursos y personal. Incluso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “se termina un ícono de la corrupción”.
Otro punto central del decreto es la posible transferencia de la gestión de rutas al sector privado. El texto destaca una mayor eficiencia en el mantenimiento vial concesionado y anticipa que este modelo podría generar “ahorros significativos”.
En tanto, las tareas de fiscalización y control de concesiones viales quedarán en manos de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, surgida de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), también disuelta.
Por su parte, las funciones que cumplía la ANSV serán absorbidas por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Sin embargo, el control del tránsito y la constatación de infracciones en rutas nacionales serán exclusivamente competencia de Gendarmería, que también podrá actuar en conjunto con autoridades provinciales y municipales.
Además, el 1% de las primas de seguros automotores, que antes se destinaban a la ANSV, ahora ingresarán al Ministerio de Economía, que podrá redistribuir esos fondos según las funciones asignadas.
Por último, se creó la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, en reemplazo de la Junta de Seguridad en el Transporte, como parte de una posible reorganización más amplia del sector aerocomercial.
Así, se consuma una de las reformas administrativas más amplias de los últimos años, marcando el inicio de una nueva etapa en la gestión de la infraestructura y el control del transporte en el país.
FUENTE: La Nación.
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