En la audiencia llevada a cabo este lunes ante la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general Mario Villar decidió finalmente retirar el requerimiento para que la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en una cárcel común, en el marco de la investigación conocida como «Vialidad».
El cambio de postura de la Fiscalía se comunicó minutos antes de comenzar la audiencia, en la que la Sala IV —integrada por los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— debía analizar tanto la modalidad de detención como los detalles del arresto domiciliario, la colocación de la tobillera electrónica y el régimen de visitas.
Hasta ese momento, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostenían que no existían fundamentos suficientes para alejarse de cumplir la pena en una unidad penitenciaria común, argumentando que no se habían evaluado adecuadamente lugares seguros dentro del sistema carcelario disponibles para Kirchner —a pesar de que el Ministerio de Seguridad lo había sugerido— y que el departamento actual presentaba “falencias de seguridad”.
Por su parte, la defensa —representada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy— volvió a enfatizar que Cristina Kirchner, de 72 años, no representa peligro de fuga ni para la investigación, y subrayó que la vigilancia ya está garantizada mediante custodia policial permanente, por lo que la tobillera sería innecesaria.
El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py ya había otorgado el arresto domiciliario el 17 de junio, argumentando cuestiones de seguridad —dado el atentado sufrido en 2022— junto con su edad, y estableció pautas como el uso del dispositivo electrónico, un régimen de visitas y la imposibilidad de perturbar la convivencia en el edificio.
Tras las exposiciones, los magistrados de la Sala IV tienen un plazo de cinco días hábiles para dictaminar. La expectativa es que la decisión se conozca esta misma semana.
Contexto más amplio
La condena a seis años de prisión por fraude al Estado en la causa Vialidad fue confirmada por la Corte Suprema el 10 de junio, hecho que consolidó su pena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Justicia también busca recuperar unos 500 millones de dólares, luego que se comprobó que contratos de obra pública se asignaron irregularmente a la empresa de Lázaro Báez.
El país atraviesa un escenario de gran tensión y polarización: las decisiones judiciales generaron fuertes reacciones en la sociedad, entre celebraciones por la aplicación de la ley y denuncias de persecución política.
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