A través de tres decretos, el Ejecutivo nacional creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, que concentrará la gestión de cinco hospitales nacionales. Además, se disolvieron tres institutos y se anuló la posibilidad de crear nuevos hospitales SAMIC.
El presidente Javier Milei oficializó este martes una profunda reforma estructural en el sistema de salud nacional mediante tres decretos publicados en el Boletín Oficial. Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo organismo descentralizado que absorberá la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur.
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El organismo será dirigido por Diego Masaragian, actual director de Hospitales del Ministerio de Salud, y no reemplazará a las direcciones ejecutivas médicas propias de cada nosocomio, que continuarán funcionando según las características particulares de cada institución.
Desde la cartera sanitaria explicaron que la creación de la ANES busca “eficientizar el uso de los recursos” y evitar irregularidades en los procesos de compras y contrataciones. “Detectamos graves irregularidades en los procesos de licitación, servicios tercerizados y compra de insumos, reveladas por auditorías realizadas en el marco del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales”, explicaron altas fuentes ministeriales.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron una licitación previa a la actual gestión en la que el medicamento omeprazol fue adjudicado a un precio 400 veces mayor al valor de farmacia. Según estimaciones internas, en promedio, los medicamentos licitados presentaban un sobreprecio del 200%.
Para corregir esta situación, en los últimos meses se incorporaron referencias de precios provenientes del listado Kairos, una guía reconocida en el ámbito farmacéutico. La nueva sugerencia es utilizar como referencia el precio de salida de laboratorio, lo cual eliminaría costos logísticos y de intermediación. “Cuando compre el Estado con ese parámetro no necesitás licitar toda la cadena. El Ministerio de Salud tiene sus servicios logísticos propios”, sostienen en Salud.
Junto con la creación de la ANES, se decretó la disolución del Instituto Nacional del Cáncer (INC), cuyas funciones serán absorbidas como una unidad organizativa interna del Ministerio. También fue disuelto el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC), creado por ley en 2015 pero nunca puesto en funcionamiento. “Su estructura existía solo en el plano normativo, nunca tuvo sede, personal ni presupuesto”, detallaron fuentes oficiales.
Asimismo, el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) fue absorbido por el Instituto Malbrán, con el argumento de que la mayoría de sus actividades ya se desarrollaban allí. La medida, según el Gobierno, busca “evitar duplicidad de funciones”.
Por otro decreto, también se eliminó la figura de las Delegaciones Sanitarias Federales y se derogó la facultad del Poder Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC, como los que hoy funcionan bajo ese régimen: Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Favaloro, Bicentenario de Esteban Echeverría, y los hospitales Néstor Kirchner de Santa Cruz y de La Matanza.
Desde el Gobierno explicaron que estos hospitales SAMIC tienen una figura jurídica distinta a los cinco que quedarán bajo la órbita de la ANES. Se trata de entes jurisdiccionales, gestionados conjuntamente por Nación y provincias o municipios, con consejos de administración propios y autonomía operativa.
La nueva estructura centralizada implicará también cambios en los procesos licitatorios de servicios como seguridad, limpieza y alimentación, con la intención de generar una única licitación para los cinco hospitales. “Planeamos que la licitación sea una sola, salvo casos particulares”, afirmaron desde el Ministerio.
Este reordenamiento podría tener un impacto en la dotación de personal, principalmente en áreas tercerizadas. “Cada hospital tenía sobrecarga de personal. En seguridad, por ejemplo, hay mucha tecnología que se puede aplicar. Podés generar un sistema de alarmas que reduzca el tamaño necesario de la plantilla”, justificó una funcionaria del entorno libertario.
En un comunicado oficial difundido por voceros de Gobierno, se concluye: “Los recursos son limitados y la eficiencia en su uso se ha convertido en un imperativo. Lo contrario implicaría la vulneración de derechos fundamentales de la población y de los contribuyentes”.
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