La jueza Loretta Preska dictó una sentencia que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que posee en YPF a Burford Capital, la firma británica que lidera la demanda por la expropiación de la petrolera. Este fallo, que supera los 17.000 millones de dólares, se suma a una serie de decisiones judiciales que siguen impactando la economía argentina. A pesar de ello, el presidente Javier Milei ha confirmado que el país apelará el veredicto.
Desde hace diez años, Preska lidera el juicio iniciado por la expropiación de YPF en 2012, durante el mandato de Cristina Kirchner. La sentencia de 2023 había determinado que el proceso de expropiación fue incorrecto y que el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol, la empresa española que controlaba YPF, fue inapropiado. Además, el fallo incluyó intereses, alcanzando los 16.000 millones de dólares. Este lunes, la jueza ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital, en una decisión inédita y definitiva.
El futuro de la causa
El fallo establece que la Argentina tiene varias opciones: obtener la autorización del Congreso para transferir las acciones de YPF, modificar la legislación vigente, o llegar a un acuerdo directo con los demandantes. Además, la jueza otorgó un plazo de 14 días para que el país cumpla con la orden y transfiera las acciones a la cuenta de custodia global en Nueva York.
Preska mostró su frustración con la falta de colaboración del Estado argentino y sugirió que, en caso de no cumplirse la sentencia, podrían comenzar nuevas negociaciones con Burford. Hasta el momento, ningún presidente argentino, incluido Javier Milei, ha establecido un diálogo con la firma británica, que es la principal beneficiaria de la resolución.
La apelación
En respuesta al fallo, Milei anunció que apelará la decisión de la jueza, considerando que se trata de una intromisión en la soberanía del país. El presidente calificó el fallo como un “disparate jurídico” y aseguró que se defenderá de forma agresiva. Para ello, se presentará una apelación con la esperanza de obtener una suspensión de la orden, lo que podría llevar a un estancamiento temporal de la decisión hasta que la Corte de Apelaciones de Nueva York lo evalúe.
Es probable que la Argentina solicite un «stay», o suspensión temporal del fallo, hasta que se resuelva la apelación. Sin embargo, la jueza podría exigir garantías, que en este caso se estiman en alrededor de 10.000 millones de dólares, lo que representa una dificultad adicional para el país, que se ha mostrado renuente a comprometer tales fondos.
Impacto económico y financiero
El fallo ya ha tenido un impacto en los mercados financieros. Las acciones de YPF cayeron un 8% en Wall Street, y la noticia también afectó a otras acciones y títulos públicos. Aunque la petrolera sigue siendo clave en la producción de gas y en el desarrollo de Vaca Muerta, esta situación podría afectar sus planes de expansión y su rol como exportador de gas natural.
Además, la noticia ha tenido repercusiones en el valor del dólar, que subió rápidamente, y el clima de incertidumbre sobre el futuro de YPF ha agitado tanto el mercado local como internacional.
Próximos pasos y posibles negociaciones
A medida que avanza la apelación, se espera que la corte de Apelaciones de Nueva York tome una decisión dentro del próximo año. Además, continúa la disputa en el tribunal con la ONG Republican Action for Argentina, que busca revertir el fallo de la expropiación, y otros litigios impulsados por Burford, que sigue presionando al gobierno argentino para llegar a un acuerdo.
A nivel político, la situación también está marcada por la tensión entre los intereses de la Argentina y los de Burford Capital, mientras que en EE. UU. algunos movimientos legislativos sobre la industria de la financiación de litigios podrían tener impacto en la resolución final de este caso.

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