Los responsables del fentanilo adulterado que causó la muerte de 52 personas levantaron una planta en Ciudad del Este con máquinas chinas, importadas con permisos oficiales. El caso salpica al poder político, revela vínculos con el narcotráfico y suma causas por contrabando y lavado.
Los hermanos García Furfaro, señalados como responsables de las ampollas de fentanilo adulteradas que provocaron la muerte de 52 personas y dejaron al menos 76 intoxicados, se encuentran ahora en el centro de una trama que involucra delitos financieros, relaciones políticas y vínculos con el narcotráfico. La justicia investiga cómo el grupo, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, montó una planta en Ciudad del Este con máquinas importadas desde China mediante beneficios estatales durante el gobierno de Alberto Fernández.
La construcción de ese laboratorio se inició en Paraguay, más precisamente en el “Complejo Empresarial Global” sobre la Ruta Nacional PY02, km 331,5, uno de los puntos calientes de la Triple Frontera. El proyecto, orientado a la producción de insumos biológicos, utilizó tecnología apta también para la elaboración de compuestos sintéticos como ibuprofeno y fentanilo. La iniciativa fue suspendida tras la tragedia en Argentina.
La importación de la maquinaria se realizó bajo el régimen SIRA, que habilitaba compras externas a un dólar oficial subsidiado. La Aduana denunció a HLB Pharma por sobrefacturación en importaciones de medicamentos y equipos por más de US$5 millones, una maniobra que facilitó el acceso a divisas baratas en plena vigencia del cepo cambiario.
Además, se investiga si el armado del laboratorio en Paraguay fue posible gracias a gestiones políticas. Uno de los nexos más visibles es la relación de Ariel García Furfaro con el expresidente paraguayo Horacio Cartés, sancionado por Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero. La relación quedó reflejada en una foto tomada el 24 de noviembre de 2023, durante una visita del empresario a Paraguay.
El caso tiene múltiples aristas. En 2023, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) ya había recibido una denuncia anónima por presunta venta de drogas vinculada a HLB Pharma, enviada desde una fiscalía de Rosario. Esa presentación fue incorporada recientemente a la causa que ahora lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
La expansión del grupo no se limitó a San Isidro y Ramallo. También incluyó la droguería Alfarma, adquirida en 2020, que según los investigadores registraba una facturación de unos $7.600 millones mensuales. La justicia allanó sus instalaciones por su rol en la distribución de medicamentos producidos por el holding.
Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es la importación de equipos con origen en China, triangulados a través de Panamá y destinados directamente a la planta en Paraguay. Esto estaba prohibido por el régimen de importaciones vigente, que exigía que los bienes fueran usados en el país. La operación fue avalada por funcionarios estatales, lo que sugiere connivencia desde sectores del Estado.
Durante las indagaciones surgieron los nombres de socios internacionales y operadores logísticos. Uno de ellos es el español Ignacio Méndez Azarraga Pérez, vinculado a la empresa Axiom Ingeniería, con quien Ariel García Furfaro compartió al menos ocho viajes a Paraguay, España y Panamá. En su país, Azarraga Pérez figura como deudor del fisco por más de €1,8 millones. Otro personaje frecuente era el guatemalteco Mario Emilio Ochoa Arango, a quien llamaban “el mexicano” y quien representaba a la empresa proveedora de la maquinaria instalada en el nuevo laboratorio.
Los García Furfaro acumulan antecedentes. Ariel, principal figura del grupo, estuvo preso por intento de homicidio en la Unidad 9 de La Plata. Desde allí, estudió abogacía y, tras obtener su título, inició su carrera profesional en Rosario. Allí fue patrocinado por Jorge Salinas, exdueño del laboratorio Apolo, que explotó en medio de una causa vinculada a la efedrina. Más adelante, Ariel también defendió a Andrés Lamboy, operador de depósitos fiscales donde trabajaba el conocido narco Mario Segovia.
La historia empresarial de los hermanos también arrastra relaciones con personajes de peso en el ámbito judicial y político. El laboratorio de Ramallo, uno de los epicentros del escándalo actual, fue inicialmente alquilado y luego adquirido a los Araujo, abogados de implicados en la explosión del laboratorio Apolo.
Buena parte de los empleados del laboratorio de Ramallo fueron contratados en Rosario, algunos de ellos con apellidos vinculados a clanes delictivos. Según fuentes citadas en la causa, Ariel García Furfaro solía cargar ampollas personalmente antes de ir a jugar al casino en la ciudad santafesina.
Lo que comenzó como una tragedia sanitaria se expande como una red de irregularidades, negocios opacos y presuntas complicidades. Mientras avanza la causa judicial, crecen las preguntas sobre la responsabilidad del Estado en el control de un sector tan delicado como el farmacéutico, donde lo que está en juego es la vida.
Fuente: La Nación
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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