La Justicia le concedió prisión domiciliaria al exgobernador de Tucumán José Alperovich: cumplirá la condena en el lugar donde violó a su sobrina

La Justicia autorizó que el exgobernador de Tucumán y exsenador nacional, José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales, comience a cumplir arresto domiciliario en una propiedad de Puerto Madero, uno de los lugares donde ocurrieron los abusos denunciados por su sobrina. La medida fue firmada por el juez Juan Ramos Padilla, el mismo magistrado que lo sentenció en 2024 tras un proceso que lo halló culpable de nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos con acceso carnal.

Alperovich permanecía detenido desde junio de 2024 en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Un año después, Ramos Padilla resolvió otorgarle el régimen de prisión domiciliaria bajo estrictas condiciones: uso obligatorio de tobillera electrónica, el pago de una caución real de 400 millones de pesos y la imposibilidad de comunicarse directa o indirectamente con la víctima o su entorno.

“La prisión domiciliaria no es un beneficio excepcional ni un acto de clemencia, sino una herramienta legal que se aplica bajo condiciones muy específicas”, argumentó el juez en la resolución. Y advirtió: “Espero que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad”.

La ubicación del domicilio elegido para cumplir la condena –un departamento en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero– generó revuelo, ya que se trata de una de las propiedades mencionadas en la denuncia como escenario de los primeros abusos. Organismos de derechos humanos y agrupaciones feministas manifestaron preocupación por la decisión, aunque destacaron la solidez del fallo condenatorio y la importancia de asegurar el cumplimiento estricto de las restricciones judiciales.

Durante el proceso judicial, la defensa del exmandatario había solicitado en dos oportunidades la morigeración de su detención, pero tanto el tribunal de juicio como la Cámara de Casación Penal rechazaron los pedidos por falta de fundamentos. Ahora, el juez consideró que se cumplieron los requisitos legales para acceder al régimen domiciliario, aunque insistió en que se mantendrán los controles judiciales y tecnológicos para garantizar su cumplimiento.

El fallo original describió un patrón de violencia sexual sistemática, ejercido en un contexto de subordinación familiar y abuso de poder político. La denunciante, sobrina segunda del condenado y exempleada del Senado, relató ante la Justicia un total de nueve episodios de abuso ocurridos entre diciembre de 2017 y 2019.

El caso continúa en proceso de revisión en instancias superiores, y tanto la víctima como su entorno, representados por organismos especializados en violencia de género, solicitaron garantías sobre su seguridad y el cumplimiento efectivo de las medidas impuestas.