El Tribunal Oral Federal de Posadas retomó este miércoles las audiencias del proceso contra cuatro funcionarios de la Aduana, acusados de integrar una presunta red ilícita que operaba en la frontera con Paraguay. Prestaron testimonio una exintegrante de la Policía Federal, un comandante de Gendarmería y un oficial de Prefectura.
El juicio oral y público contra los agentes aduaneros Lorenzo René Juárez (67), Francisco Antonio Llorente (64), Orlando Ariel “Kiwi” Alfonso (56) y Bernardino Castor Esquivel (51) tuvo este miércoles una nueva jornada de debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, en el marco de la causa que investiga una supuesta asociación ilícita dedicada al contrabando en el paso fronterizo Posadas–Encarnación.
Durante la audiencia declararon tres testigos convocados por la fiscalía: una exefectiva de la Policía Federal Argentina (PFA), un personal de Gendarmería Nacional y un funcionario de Prefectura Naval Argentina. Todos aportaron información sobre procedimientos vinculados a la causa.
La primera en declarar, de manera remota, fue Camila Alejandra Núñez, quien formó parte de la PFA por un período de un año y colaboró con tareas de escucha y transcripción telefónica durante la investigación. “Un inspector nos dio algunos CD para hacer transcripciones de escuchas. Después tuvimos que devolverlos”, explicó ante los magistrados.
Detalló que entregaba el material en formato digital, sin imprimir, y que no tuvo conocimiento detallado del expediente: “Conocía por arriba los hechos que se acusaban, no nos interiorizaron sobre lo que pasaba. Nos dijeron ‘tomá y desgrabá’”, recordó. También agregó que, por la dinámica laboral, realizaba parte del trabajo desde su casa: “Hacía labores de oficina, entonces no lo podía hacer en la oficina y me las llevaba a mi hogar para escuchar bien y poder desgrabar”.
Luego fue el turno de Diego G., personal de Gendarmería Nacional, quien relató un procedimiento realizado el 13 de agosto de 2017 en el kilómetro 0 de la ruta nacional 105, frente a la estación del tren internacional que conecta con Encarnación. “Me avisaron que tres vehículos circulaban en caravana y a muy baja velocidad. Dos Toyotas con patente paraguaya y un Fiat Palio argentino. Al identificarlos, se notó que llevaban cajas en los asientos traseros”, describió.
El funcionario relató que se hallaron electrodomésticos, luces led, cigarrillos electrónicos, pantallas y cámaras, y que ninguno de los ocupantes –dos ciudadanos paraguayos y un argentino– contaba con documentación aduanera que justificara el traslado de esa mercadería. “Se hizo el acta por cada vehículo, se trasladó todo al Escuadrón N° 50 y se procedió al secuestro. Las personas quedaron en libertad”, explicó.
Galeano también reconstruyó una frase que escuchó entre los conductores: “Uno le dijo al otro: ‘No sé qué habrá pasado, yo es la tercera vez que hago viaje en el día’”.
El tercer testigo fue Ramiro Svegliati, integrante del área de inteligencia criminal de Prefectura Naval Argentina, quien recordó allanamientos realizados en junio de 2016 en el barrio San Lorenzo de Posadas. “Era una investigación por presunto contrabando con vehículos. Se detectó que varios autos ingresaban y egresaban del domicilio con frecuencia”, explicó.
Según relató, los movimientos eran regulares –al menos tres veces por semana–, y tras obtener las órdenes judiciales, realizaron un operativo en el que hallaron cigarrillos, mantas y artículos electrónicos en el interior de varios vehículos. “No había ningún aval aduanero que justificara la carga”, afirmó.
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El tribunal, presidido por el juez Enrique Bosch junto a los magistrados Manuel Moreira y Fabián Cardozo, dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes 27 de junio, cuando está previsto que se presenten otros cuatro testigos.
Los imputados están acusados de asociación ilícita, contrabando agravado, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según la investigación que se inició en 2016, el grupo operaba de forma coordinada utilizando comunicaciones cifradas y teléfonos extranjeros para eludir controles en el paso fronterizo entre Posadas y Encarnación.
En representación de la querella actúa la abogada Rosana Sienra, por el organismo ARCA (ex AFIP), mientras que las defensas están a cargo de los abogados Ramón Camargo, Luis Palma y Roberto Benítez.
El ex policía Joaquín Orrego recuperó la libertad tras el cese de su prisión preventiva en la causa por sediciónhttps://t.co/99H4jsMnjq
— misionesonline.net (@misionesonline) June 24, 2025
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