La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 7 de julio una audiencia clave para definir las condiciones y restricciones de las visitas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.
La Sala IV del máximo tribunal penal del país, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, convocó a las partes para ese día a las 12:00 horas, con el objetivo de escuchar los argumentos antes de resolver sobre el régimen de acceso a la propiedad de la exmandataria.
La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, que había restringido las visitas únicamente a familiares, abogados y médicos, exigiendo además una lista detallada de personas autorizadas a ingresar al domicilio.
Según el equipo legal de la expresidenta, estas limitaciones resultan “incompatibles con el derecho a la vida familiar y social” de su clienta. En su escrito remarcaron que “la doctora Fernández de Kirchner necesita reunirse frecuentemente con sus asesores contables y apoderados legales, quienes gestionan asuntos administrativos de forma cotidiana en su nombre”.
Además, los abogados también objetaron la colocación de una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, aunque este punto aún no ha sido elevado a Casación.
Desde que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el pasado 17 de junio, Cristina Kirchner cumple su pena en su domicilio de la calle San José al 1111. La medida generó diversas reacciones y solicitudes por parte de dirigentes políticos y ciudadanos.
En total, 44 diputados, 30 senadores y más de 700 ciudadanos firmaron pedidos formales ante la Justicia para poder visitarla. “Se trata de una figura central del escenario político argentino, con una extensa red de vínculos personales y profesionales”, señalaron fuentes judiciales.
La audiencia del 7 de julio será determinante: tras escuchar a las partes involucradas, la Cámara contará con un plazo de cinco días hábiles para emitir una resolución sobre las condiciones de visitas.
Mientras tanto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola todavía disponen del plazo para presentar un recurso de queja contra la prisión domiciliaria otorgada, al considerar que no existen razones humanitarias que justifiquen esta medida excepcional.
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