Tras siete muertes en menos de un mes y fuertes críticas opositoras, el director del Mides, Gonzalo Civila, será interpelado por el Parlamento uruguayo. El gobierno implementó nuevas medidas de emergencia, pero enfrenta reclamos por respuestas tardías y falta de soluciones de fondo para quienes viven en la calle.
El director del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, informó la incorporación de 32 refugios y más de 1.000 nuevos cupos para atender a personas en situación de calle, junto a un sistema de duplas de atención que recorre las calles para captar casos críticos. A pesar del despliegue, la medida fue cuestionada desde la oposición por su presunto carácter tardío, en un contexto marcado por siete muertes registradas en menos de un mes.
Desde el oficialismo se aclaró que la actual “alerta roja” por bajas temperaturas no afecta el funcionamiento de las escuelas ni la circulación general, a diferencia de otras situaciones de emergencia. Sin embargo, el senador del Partido Nacional, Javier García, arremetió contra la gestión del intendente Yamandú Orsi, al señalar que “debe hacerse responsable de sus acciones y omisiones”, y sugirió cambios en el equipo si no se logran respuestas efectivas. La oposición logró que Civila sea citado al Parlamento para explicar los planes del Mides y el alcance de las medidas tomadas.
El debate político se intensificó tras una serie de muertes en Rivera, Montevideo, Salto, Treinta y Tres y Artigas. La primera fue causada por una tuberculosis sin tratar, y en la mayoría de los casos, las víctimas atravesaban enfermedades crónicas o se habían negado a ingresar a los refugios. Una de las muertes ocurrió incluso dentro de un centro en Artigas, y está siendo investigada por posible negligencia, ya que la persona había sido recientemente dada de alta del hospital.
“Estas situaciones duelen mucho. Son muertes esperables por la vulnerabilidad, pero nunca deseadas. Siempre intentamos evitarlas”, expresó Orsi en una entrevista con El Observador, reconociendo las limitaciones estructurales del sistema y las dificultades de intervención con personas que rechazan la asistencia estatal.
El escenario refleja una tensión creciente entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta del Estado. Mientras las autoridades refuerzan las estrategias de atención inmediata ante la ola polar, las críticas apuntan a la falta de soluciones estructurales y al desgaste de un sistema que no logra contener una problemática cada vez más visible en las calles de Uruguay.
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