Caso Maradona: hoy se define si la jueza Makintach irá a juicio político por el escándalo del documental secreto

Este martes a las 11 de la mañana, en el anexo del Senado bonaerense en La Plata, se llevará a cabo una audiencia clave para definir si la jueza Julieta Makintach deberá enfrentar un juicio político. El proceso se originó a raíz del escándalo generado por la filmación del documental “Justicia Divina” durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, sin la debida autorización ni conocimiento de las partes involucradas.

La audiencia será presidida por un tribunal compuesto por cinco jueces sorteados: Álvaro García Orsi, Pablo Grillo Ciocchini, Fabián González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco. De declararse competentes, el proceso de jury de enjuiciamiento avanzará formalmente y la magistrada quedará a un paso de ser destituida. Se trata de una instancia decisiva, ya que si el tribunal considera que no tiene competencia, el expediente será archivado.

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, impulsó la denuncia contra Makintach por mal desempeño. Según el dictamen, la jueza habría incurrido en al menos catorce hechos irregulares, entre ellos asumir de manera indebida la presidencia del tribunal durante el juicio, permitir la instalación de cámaras para grabar sin autorización previa, y facilitar el ingreso de personas ajenas al proceso judicial. A estas acusaciones se sumaron presentaciones de particulares y legisladores de diversos bloques políticos, tanto oficialistas como opositores.

La situación de Makintach ya se había agravado tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que resolvió apartarla del juicio por la muerte de Maradona y concederle una licencia de 90 días. La polémica por el documental, grabado antes y durante el juicio sin conocimiento de las partes, provocó un fuerte rechazo del entorno de Maradona y motivó la revisión parcial del proceso judicial.

Si el tribunal avanza con el juicio político, la jueza podrá ser destituida de su cargo y sancionada económicamente. La resolución de este martes marcará un punto de inflexión en una causa que, más allá de su impacto institucional, puso en debate los límites entre el ejercicio de la justicia y la exposición mediática de los procesos judiciales.