En la segunda jornada del juicio, el defensor oficial Jorge Zabulanez aseguró que no existen pruebas físicas del crimen y solicitó la liberación inmediata del acusado.
En el marco del juicio que se realiza en Oberá, Misiones, por el femicidio de María Solange Diniz Rabela, este miércoles se desarrolló la segunda jornada del debate oral, en la que se escucharon los alegatos de las partes. Tras el pedido de prisión perpetua formulado por el fiscal David Milicich, el defensor oficial Jorge Zabulanez solicitó la absolución de Marcelo Núñez, cacique de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty, y reclamó su liberación inmediata.
Durante su intervención ante el Tribunal Penal N°1, Zabulanez apuntó contra el tratamiento del caso en los medios de comunicación: “No es un monstruo como lo quieren mostrar. Eso es un mito que crearon los medios”, expresó. Además, aseguró que durante la etapa de instrucción no se recolectaron pruebas físicas que incriminen directamente a su defendido. “Pruebas físicas no tenemos ninguna”, subrayó el abogado.
Zabulanez también se refirió al contexto sanitario en el que ocurrió el hecho, en abril de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19. En ese sentido, argumentó que, ante la sospecha de una muerte por coronavirus, Núñez actuó conforme a las recomendaciones vigentes en ese momento: “En la pandemia hubo muchos protocolos elaborados y una de las recomendaciones de los especialistas de salud era incinerar los cadáveres que morían por Covid”.
El juicio contra Núñez, acusado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género continua. La causa es llevada adelante por los jueces Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo. La fiscalía sostiene que el acusado mató a su pareja en un contexto de violencia sistemática y luego quemó el cuerpo con el objetivo de ocultar las pruebas del crimen.
Núñez permanece detenido desde mediados de 2020, luego de que las autoridades desestimaran su versión inicial, en la que aseguraba que María Solange había fallecido por Covid-19. La querella y el Ministerio Público Fiscal piden la pena de prisión perpetua, mientras que la defensa insiste en que no hay pruebas concluyentes y exige su inmediata absolución.
