La Cámara de Senadores del país vecino analiza un proyecto de ley que busca aumentar las penas de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos tipificados como crímenes.
La iniciativa fue presentada por el senador Javier Zacarías Irún y plantea una modificación al artículo 207 de la ley N° 1.680 del Código de la Niñez y de la Adolescencia.
El documento sostiene que actualmente existe una “flexibilidad desproporcional” en las sanciones impuestas a adolescentes infractores y propone elevar el tiempo máximo de internación.
En este sentido, se establece que la duración de las medidas privativas de libertad tendría un mínimo de seis meses y un máximo de cuatro años, pero en los casos calificados como crímenes por el Derecho Penal común, ese límite se ampliaría hasta los quince años.
Además, se aclara que no se aplicarán los marcos penales del Derecho Penal común, y que la duración de la medida se definirá en función del carácter educativo de la internación. “La duración de la medida será fijada en atención a la finalidad de una internación educativa en favor del condenado”, señala el proyecto.
El análisis legislativo incluye el dictamen favorable -con modificaciones- de las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, cuyos aportes serán presentados durante el tratamiento de esta propuesta.
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Tras aceptar cambios, el oficialismo obtuvo dictamen en Diputados sobre el proyecto para bajar la edad de imputabilidad
En una jornada clave para la Cámara de Diputados, el oficialismo logró el pasado 6 de mayo un dictamen favorable para el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. A pesar de los ajustes en algunos puntos del texto, la iniciativa ya está lista para ser tratada en el recinto, lo que marca un paso importante en la discusión sobre el régimen penal juvenil en Argentina.
El proyecto obtuvo 77 firmas, más de las 73 necesarias para presentar el dictamen. Fue respaldado por diputados de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, la UCR, y la Coalición Cívica, entre otros, mientras que el bloque del Frente de Izquierda y Unión por la Patria se mostró en contra.
Entre los aspectos más destacados del texto se encuentra la posibilidad de penas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, o la prohibición de acercarse a la víctima, aunque se mantendrán penas de privación de libertad solo para los delitos más graves.
El proyecto original, que había propuesto bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, fue modificado para alcanzar un consenso. Finalmente, el proyecto establece los 14 años como la nueva edad mínima, un cambio que fue clave para conseguir el apoyo necesario.
Según Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, “el despacho arribado es un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Uno de los puntos más discutidos fue el modelo de detención de los menores, ya que la propuesta contempla la creación de centros especializados donde los menores sean atendidos de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, la oposición cuestionó la viabilidad de estos centros, considerando la falta de infraestructura adecuada para albergar a los menores detenidos.
El apoyo y la crítica de la oposición
Desde la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, se exigió la inclusión de cláusulas que aseguren que no se apliquen penas privativas de libertad en provincias que no cuenten con las condiciones adecuadas para alojar a los menores en centros especializados. “No se puede hablar de bajar la edad de imputabilidad sin una infraestructura adecuada para el cumplimiento de la medida”, destacó la diputada Varinia Marín.
Por su parte, el gobierno de Mieli celebró la aprobación del dictamen y destacó el avance del proyecto como un paso necesario para combatir la delincuencia juvenil. “Hoy podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar, es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”, aseguró Sebastián Amerio, Secretario de Justicia. Con información de Más Encarnación.
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