El Tribunal Oral Federal de Posadas retomó este miércoles el proceso contra cuatro funcionarios aduaneros, acusados de facilitar maniobras de contrabando. Dos testigos negaron vínculos con los imputados y confirmaron las restricciones laborales sobre el uso de celulares.
Este miércoles por la mañana se reanudó el juicio oral y público contra cuatro ex funcionarios de la Aduana de Posadas, acusados de integrar una estructura ilícita para facilitar maniobras de contrabando en la frontera con Paraguay. La sexta audiencia, desarrollada en el Tribunal Oral Federal de la capital misionera, contó con dos testigos clave que negaron tener vínculos con los imputados y confirmaron la prohibición de uso de celulares durante las tareas de control.

El debate, que se inició a las 9.10 tras un breve retraso, está encabezado por el juez Enrique Bosch e integrado por Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Cardozo. La acusación recae en la fiscal Vivian Barbosa, mientras que Rosana Sienra representa a la querella de la AFIP-DGA ( Arca). Las defensas están a cargo de Ramón Camargo (por Juárez y Alfonso), Luis Palma (por Llorente) y Roberto Benítez (por Esquivel).
En el banquillo de los acusados están Lorenzo René Juárez (67), Francisco Antonio Llorente (64), Orlando Ariel “Kiwi” Alfonso (56) y Bernardino Castor Esquivel (51). Según la hipótesis fiscal, formaban una organización con comunicaciones encriptadas y líneas telefónicas extranjeras, destinadas a evadir controles y facilitar el tráfico ilegal de mercaderías hacia la Argentina.
Durante la jornada declararon Fernando Garnero, ex administrador de la Aduana de Posadas, y Yamil Boutet, jefe de Resguardo. Garnero expuso que trabajó como administrador desde 2015 hasta marzo de 2019, y que conocía a los acusados únicamente por relaciones laborales.

Detalló que las tareas diarias incluían la supervisión de jefes de turno y la administración general, y explicó que las planillas de guardia se distribuían de manera interna por correo electrónico. Además, hizo referencia a un registro de novedades conocido como “ebook”, donde se asentaban todas las incidencias del servicio.
Garnero también fue claro sobre la normativa en el área operativa: “Hay una norma que prohíbe expresamente el uso de celulares en los puestos de control”, afirmó. Y negó haber recibido amenazas luego de denunciar presuntas irregularidades en el puente internacional.
Por su parte, Yamil Boutet explicó que en esa época la elaboración de las planillas recaía en el área de inspección, a cargo de Esquivel. “Siempre tratamos, como jefes de guardia, que se sepa dónde está cada aduanero. Pero esa información no debe salir del área operativa”, aclaró. Boutet también subrayó que los celulares no estaban permitidos, salvo casos puntuales: “No era una herramienta para el control”, dijo.
El proceso judicial continuará el martes 11 de junio con la declaración de dos agentes de la Policía Federal Argentina, tras resolverse un cuarto intermedio. La investigación se basa en escuchas telefónicas ordenadas, que —según la acusación— documentaron contactos entre los aduaneros y supuestos “paseros” que solicitaban la liberación de cargas de electrodomésticos, artículos de pesca y otros productos.
Con estas declaraciones, el tribunal avanza en la recolección de testimonios que buscan arrojar luz sobre el funcionamiento de la Aduana de Posadas y las responsabilidades en las maniobras de contrabando que se investigan.

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