El Gobierno nacional planea enviar al Congreso un proyecto de ley que eleva de $1,5 millones a $100 millones el umbral a partir del cual la evasión fiscal se considera delito penal. Esta iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica a quienes adhieran al nuevo régimen simplificado de Ganancias, promoviendo la regularización de activos no declarados.
Además, se propone reducir el plazo de prescripción penal para delitos tributarios de cinco a tres años, limitando el período en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede iniciar acciones legales por evasión. La Ley Penal Tributaria actual establece penas de prisión de dos a seis años para evasiones superiores a $1,5 millones, y de tres a nueve años para montos que superan los $15 millones.
El proyecto no contempla modificaciones a la Ley Penal Cambiaria ni a la Ley de Prevención del Lavado de Activos, manteniendo las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, se establecerán nuevos umbrales para reportes financieros: $50 millones para transferencias individuales, $10 millones para extracciones y compras informales, y $100 millones para tenencias en sociedades de bolsa y plazos fijos.
El régimen simplificado de Ganancias, que entrará en vigencia el 1 de julio, permitirá a los contribuyentes regularizar su situación fiscal sin necesidad de declarar consumos ni patrimonios previos. Esta medida busca incentivar la repatriación de capitales y fortalecer la base tributaria del país.
