En la quinta jornada del debate oral, Bernardino Castor Esquivel se presentó ante el Tribunal Federal de Posadas y relató su trayectoria en la Aduana. Denunció amenazas, explicó su rol en operativos y se desvinculó de las maniobras que investiga la Justicia. El juicio continuará el 4 de junio.
Este miércoles, en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Posadas, se reanudó el juicio por presuntas maniobras ilícitas en la Aduana del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. En la quinta audiencia, el funcionario aduanero Bernardino Castor Esquivel declaró ante los jueces y brindó un extenso testimonio que se prolongó por más de dos horas, con dos cuartos intermedios. Esquivel decidió responder preguntas tanto de la fiscalía como de la querella.
Esquivel arribó desde Clorinda, Formosa, tras conducir durante toda la noche bajo la lluvia, según alegó. Al tomar la palabra, hizo un recorrido detallado por su carrera en la Aduana, desde su ingreso en Puerto Iguazú en 1993 hasta su destino actual en Bernardo de Irigoyen, donde cumple tareas operativas.
“Ingresé a Aduana en Puerto Iguazú en el año 1993”, comenzó Esquivel. Detalló que, tras la muerte de su padre, fue trasladado a Formosa para acompañar a su madre: “Soy el sostén de mi madre hasta el día de hoy”. Desde allí, se involucró en operativos de alto riesgo en zonas de frontera. “Concrete muchos procedimientos por narcotráfico y también en el área de investigación… logramos completar muchísimos procedimientos de cigarrillo”, afirmó.
Según el acusado, su trabajo le valió represalias. “Empecé a recibir amenazas por parte de las organizaciones de cigarrillo. Tuve tres amenazas”, aseguró, y añadió que esas intimidaciones fueron documentadas en medios locales.
Durante su exposición, explicó el funcionamiento del sistema de turnos, las dimensiones y dinámica del área operativa del paso fronterizo Posadas -Encarnación, y el flujo vehicular diario. Se desligó de las acusaciones que lo involucran en hechos de corrupción y exhibió recortes periodísticos como respaldo a su desempeño. “Lo que más me gustaba de mi trabajo era hacer operativos”, remarcó ante el tribunal.
Esquivel también rememoró su paso por Posadas, donde fue jefe de turno y encargado de tareas operativas como fondeador. Contó que su trabajo le demandaba una dedicación total, al punto de afectar su vida privada. “Mi matrimonio empezó a tambalear porque yo pasaba mucho más tiempo en la Aduana que en mi casa… me divorcio, pierdo mi familia”, declaró visiblemente afectado. “¿Para qué sirvió todo este trabajo, señor juez? ¿Para qué sirvió?”, preguntó con la voz quebrada.
Además, denunció haber recibido amenazas en reiteradas ocasiones, tanto en Clorinda como en Posadas, por su intervención en secuestros de mercadería ilegal y procedimientos vinculados al narcotráfico. Según indicó, esas situaciones motivaron sus pedidos de traslado hacia Posadas desde Formosa.
Ya trabajando en Posadas, según manifestó “unos cigarilleros intentaron atacarme con un cuchillo”, sostuvo, en relación con un episodio ocurrido mientras revisaba un vehículo en la zona del puente internacional que une Misiones con el país vecino.
También mencionó la existencia de maniobras irregulares, como los giros en “U” que realizaban algunos conductores para evitar los controles secundarios. “Yo derivadba vehículos a inspección secundarias y los que esperaban por ingresar volvía a Paraguay. Eso era constante”, aseguró.
Esquivel enfatiza su carrera como formador de agentes, destacando que varios subordinados suyos hoy ocupan cargos jerárquicos, haciendo referencia de su «intachable» carrera dentro del organismo. “Fui jefe de muchos que hoy son directores regionales. Nunca me guardé nada, siempre enseñé. El orgullo mío es que llegaron lejos también por cosas que yo les brindé como compañero”
La defensa de Esquivel solicitó la incorporación de nuevos testigos, entre ellos, autoridades y agentes que prestaron funciones en los pasos fronterizos de Posada. El tribunal aceptó incorporar la documentación presentada por el imputado y fijó un cuarto intermedio hasta el martes 4 de junio, a las 8.30.
La causa investiga presuntas maniobras de contrabando, connivencia con paseros y omisión de controles en la zona primaria aduanera. Entre las pruebas presentadas, se encuentran escuchas telefónicas, videos de cámaras de seguridad y actas de procedimiento.
Por su parte, los otros dos acusados, Orlando Ariel Alfonso (56) y René Lorenzo Juárez (68), se abstuvieron de declarar aunque adelantaron que lo harán más adelante.
La causa judicial que dio origen al juicio se remonta a 2016 e involucra presuntas maniobras delictivas en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. La Fiscalía sostiene que existía una estructura que facilitaba el paso irregular de vehículos y mercadería con la intervención de agentes públicos.
Los acusados están imputados por los delitos de asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Alfonso enfrenta además una acusación adicional por contrabando agravado.
El Ministerio Público está representado por la fiscal Vivian Barbosa, mientras que la AFIP actúa como querellante institucional a través de la abogada Rosana Sienra. Las defensas están a cargo de los abogados Ramón Camargo (Juárez y Alfonso), Roberto Benítez (Esquivel) y Luis Palma (Llorente).
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