Seguridad en la frontera: luego del lanzamiento del Plan Guacurarí, se reveló que el Plan Güemes no logró frenar el contrabando en Salta

La inversión de más de $36 millones en un alambrado en la frontera entre Salta Argentina y Bolivia, no logró frenar el cruce clandestino en Salvador Mazza. Contrabando, tránsito constante de personas y ausencia de control efectivo marcan el límite entre Argentina y Bolivia.

La instalación de un alambrado perimetral de 250 metros de largo y dos metros de alto en la ciudad salteña de Salvador Mazza, sobre la frontera con Bolivia, fue presentada como una medida clave para combatir los pasos ilegales, el contrabando y el ingreso irregular de personas. Sin embargo, apenas unos meses después de su implementación, la realidad evidencia que la estructura no logró frenar las actividades ilícitas.

Un relevamiento realizado por el equipo periodístico de Telenoche expuso la vigencia de numerosos pasos clandestinos a escasa distancia del alambrado. En zonas donde el río marca el límite internacional, cientos de personas cruzan a pie o en bote todos los días, llevando y trayendo mercadería sin ningún tipo de control aduanero ni migratorio. La situación es especialmente visible en un sector informalmente conocido como “La Curva”, donde los cruces se realizan con absoluta libertad.

Los botes que atraviesan el río Caraparí, muchos de ellos manejados por jóvenes o menores, transportan electrodomésticos, ropa, alimentos, neumáticos e incluso motos. Según testimonios locales, en ocasiones se cruza hasta con animales vivos. “Es una economía de subsistencia, pero también un canal para redes más grandes de contrabando”, explicó un comerciante de la zona.

La presencia de fuerzas de seguridad como Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal no parece haber alcanzado para impedir la continuidad del tránsito ilegal. Incluso se han señalado situaciones de presunta connivencia entre efectivos policiales y contrabandistas, aunque hasta el momento no se han producido investigaciones concretas al respecto.

Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional implementó el Plan Güemes, un operativo conjunto para reforzar la seguridad en la frontera norte, con el objetivo de combatir delitos federales como el contrabando, la trata de personas y el narcotráfico. No obstante, las cifras y los testimonios muestran que la situación en Salvador Mazza sigue desbordada.

Consultado por la situación, un funcionario local —que prefirió no ser identificado— aseguró que la obra del alambrado tuvo un impacto limitado. “El alambrado está, pero no cubre ni el 10% de la frontera. El resto sigue siendo tierra de nadie. Mientras no haya control permanente ni alternativas económicas para la población, esto no va a cambiar”, afirmó.

La obra del alambrado fue adjudicada a través del Ministerio de Seguridad y demandó una inversión de más de 36 millones de pesos. Su construcción fue justificada como parte de una estrategia de «control físico y disuasión» en los puntos más críticos de ingreso, pero los resultados hasta ahora muestran una realidad muy distinta.

Organizaciones civiles de la región, por su parte, advierten que el foco no debe limitarse a la vigilancia. “La frontera necesita políticas integrales, no solo alambrados. Hay que mirar el problema social, económico y humano que hay detrás de cada cruce”, señalaron desde una ONG local que trabaja con comunidades transfronterizas.

La frontera entre Salta y Bolivia, con más de 1.000 kilómetros de extensión, sigue siendo una de las más porosas del país. Mientras tanto, los pasos ilegales siguen activos, desafiando no solo al alambrado millonario, sino también a las políticas públicas que, por ahora, no logran contener el problema.