Dólares del colchón: el mercado inmobiliario prevé un impulso en la demanda y mayor agilidad en las operaciones

El Gobierno lanzó el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” que permite usar dólares sin declarar su origen. El sector inmobiliario celebra la medida como un incentivo a la inversión y a la formalización, aunque advierte que el impacto dependerá de su correcta implementación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este jueves una iniciativa que busca dinamizar la economía y, en particular, el mercado inmobiliario. El denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” habilita a los ciudadanos a utilizar sus dólares ahorrados sin tener que justificar su origen, eliminando la obligación de reportar ciertas operaciones a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como gastos con tarjetas o la compra y venta de bienes.

En su exposición, Caputo defendió la medida como una forma de devolver libertad a los ciudadanos y evitar que quienes optaron por el mercado informal sean considerados delincuentes. “El objetivo es atraer divisas no declaradas y fomentar la remonetización de la economía”, aseguró.

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Expectativas en el mercado inmobiliario

Históricamente dolarizado y con un fuerte componente informal, el mercado inmobiliario argentino podría beneficiarse con esta flexibilización. Expertos del sector coincidieron en que la medida puede facilitar las transacciones, incentivar la demanda y aportar mayor previsibilidad a los desarrollos inmobiliarios en curso.

Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria, calificó la iniciativa como “satisfactoria y positiva para quienes deseen blanquear fondos en dólares en el sector inmobiliario”. En tanto, Alejandro Moretti, del Colegio Inmobiliario porteño, la definió como “una inyección para el mercado”, aunque resaltó la necesidad de aclarar la implementación del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), cuya obligatoriedad se modifica en esta nueva etapa. El Gobierno comunicó que el vendedor o el agente inmobiliario ya no deberá reportar a ARCA la puesta en venta de una propiedad.

Por su parte, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), valoró las medidas como “muy buenas y en el camino de la libertad”. Subrayó que considerar inocentes a los ciudadanos hasta que ARCA demuestre lo contrario implica “un cambio institucional relevante” y genera un clima de confianza para invertir. “Lo siento como un gran avance para alentar la inversión en el país. Ojalá la mayoría lo haga en ladrillos”, añadió.

El plan también prevé que los fondos blanqueados puedan ser destinados a la compra de unidades en construcción, un segmento que podría experimentar una reactivación con esta nueva fuente de capital.

Nuevos lineamientos sobre COTI y simplificación para escribanos

Uno de los cambios más significativos refiere al COTI, un requisito hasta ahora obligatorio para la venta de inmuebles cuyo valor supera los $66.833.000. Según la nueva reglamentación, no será necesario reportar ante ARCA las ventas por debajo de ese monto, lo que simplifica los procesos para vendedores y agentes inmobiliarios.

En paralelo, se anunció la eliminación del CITI Escribanos, sistema por el cual los escribanos debían informar mensualmente ciertas operaciones notariales a la AFIP, actualmente ARCA. Aunque el Colegio de Escribanos porteño recibió la noticia con cautela, aguardan detalles sobre su implementación y eventual impacto.

 

La medida también contempla que las administradoras de consorcios ya no tendrán que reportar pagos de expensas superiores a $32.000, una obligación que generaba críticas por su burocracia. David Loisi, presidente de la Liga del Consorcista, calificó la derogación como “una gran noticia” para consorcios, propietarios y administradores, al considerar que la exigencia anterior era inapropiada y que el administrador no debe declarar sobre los propietarios.

Si bien el Gobierno apuesta a que estas reformas impulsen la inversión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que deben respetarse las normas internacionales contra el lavado de dinero, en el marco del programa vigente por u$s20.000 millones con Argentina.

Fuente: Ámbito

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