La Municipalidad lanzó un régimen especial para que desarrolladores y constructores puedan subsanar irregularidades en las obras y acceder al Certificado Final de Obra. Sin embargo, a pesar de los beneficios y del plazo extendido hasta junio de 2025, la adhesión es mínima: sólo 6 edificios completaron el proceso de regularización de los más de 500 detectados en infracción.
La Municipalidad de Posadas volvió a encender las alertas en torno a la situación irregular de más de 500 edificios construidos en la ciudad. Pese a la vigencia del régimen especial de regularización edilicia, establecido por la Ordenanza XVIII Nº 304 y extendido hasta junio de 2025, la respuesta por parte de desarrolladores, constructores y administradores de fideicomisos ha sido escasa: apenas un 1% completó el trámite.
Según datos oficiales de la Dirección de Obras Privadas, solo 50 consorcios iniciaron el proceso de regularización, 24 completaron la liquidación del canon correspondiente y apenas 6 consiguieron el ansiado Certificado Final de Obra, documento indispensable para que los propietarios puedan escriturar sus viviendas.
“Con esta ordenanza se pretende regularizar aquellas construcciones que están fuera del Código de Edificación, muchas veces por ampliaciones o cambios no declarados”, explicó Marcelo Mazur, secretario de Planificación Estratégica y Territorial del municipio.
El funcionario subrayó que el objetivo es brindar seguridad jurídica a los propietarios, quienes en muchos casos desconocen que, sin el certificado final, no pueden obtener la titularidad legal de sus propiedades.
En ese sentido, Mazur advirtió que el boleto de compraventa —frecuentemente confundido con un título de propiedad— no otorga dominio legal alguno sobre el inmueble. “Es solo un compromiso privado entre partes. Para escriturar, es indispensable contar con el certificado emitido por un profesional matriculado y registrado en la Dirección de Obras Privadas”, destacó.
Aumenta la valorización de los inmuebles
A pesar de la oportunidad que representa esta normativa, el bajo nivel de adhesión preocupa a las autoridades. El régimen contempla un canon como penalización por haber ejecutado obras por fuera de la normativa vigente, pero también ofrece un marco legal más accesible para subsanar las irregularidades y avanzar hacia la escrituración.
“No es una gestión que tenga que hacer el propietario individual de un departamento, sino quienes desarrollaron el emprendimiento: los constructores, los fideicomisos o los desarrolladores inmobiliarios”, aclaró Mazur, al tiempo que remarcó que el plazo para adherirse al régimen vence en junio de 2025. Quienes no se presenten dentro del período estipulado, perderán la posibilidad de regularizar su situación en condiciones más favorables.
Desde el municipio insisten en la importancia de avanzar con la regularización no solo para garantizar la legalidad, sino también para aumentar la valorización de los inmuebles y evitar futuros conflictos legales. La ordenanza representa, según las autoridades, una ventana clave para resolver una problemática estructural que afecta a cientos de edificios en Posadas.
Aprobaron cambios a la ordenanza del transporte en Posadas: la antigüedad máxima de los remises pasa de 6 a 8 años y las multas por infracciones de tránsito serán para el chofer
Durante la sesión ordinaria N°10 del Honorable Concejo Deliberante de Posadas, los ediles aprobaron por mayoría una serie de modificaciones a la Ordenanza XVI Nº 96, que regula el servicio de remises en la ciudad. Las reformas, impulsadas tras un trabajo conjunto con representantes del sector, responden a la necesidad de modernizar el sistema de transporte en función de las nuevas tecnologías y reducir la carga económica sobre los trabajadores.
El concejal Dardo Romero, uno de los impulsores del proyecto, destacó que los cambios vienen siendo trabajados desde el año pasado y que atienden reclamos concretos de los remiseros. “El principal beneficio es para el transporte, específicamente los remises”, explicó.
Entre los cambios aprobados, se encuentra la extensión del límite de antigüedad de los vehículos, que pasa de seis a ocho años. También se elimina la obligatoriedad del parque cerrado. “No va a ser obligatorio, el que quiera lo puede tener o no”, precisó Romero.
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Otro punto importante es la responsabilidad sobre las infracciones de tránsito: a partir de ahora, las multas serán atribuidas al chofer y no a la empresa ni al propietario del vehículo. “Obviamente va a ser el chofer el responsable de la infracción”, sostuvo el edil.
Además, se estableció que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) será exigida solo una vez al año, tal como ya se aplica al servicio de taxis. “Como lo hicimos el año pasado también con los taxistas”, recordó Romero, quien celebró el acompañamiento del cuerpo deliberativo.
En cuanto a la actualización de tarifas, Romero informó que aún resta definir la fecha para la audiencia pública. “Ya nos juntamos con los taxistas, con los remises, falta simplemente definir la fecha en la cual se va a hacer la audiencia”, indicó. Consultado sobre los montos, aclaró que el Ejecutivo municipal “está preparando un costo estimativo, en el cual, una vez que esté listo, nos vamos a juntar nuevamente las partes y ahí vamos a fijar la fecha”.
Con esta reforma, el Concejo Deliberante busca dar un paso más hacia un sistema de transporte más equitativo y eficiente, ajustado a las realidades económicas y tecnológicas actuales.
Aprobaron cambios a la ordenanza del transporte en Posadas: la antigüedad máxima de los remises pasa de 6 a 8 años y las multas por infracciones de tránsito serán para el chofer
