El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema de Justicia que se agrave la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En un dictamen de 13 páginas, el jefe de los fiscales pidió que la ex presidenta reciba una pena de 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita y que se ordene el decomiso de más de 5.321 millones de pesos.
La presentación de Casal ratifica la postura de los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, y del fiscal de Casación, Mario Villar, quienes también habían solicitado esa pena agravada. En su escrito, Casal respaldó la apelación de Villar y consideró que la adjudicación fraudulenta de 51 obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, a favor de empresas vinculadas a Lázaro Báez, encaja plenamente en la figura de asociación ilícita.
“El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay ninguna justificación para acudir al artificio de considerar un único hecho cuando se trata de un esquema comprobado de corrupción”, argumentó Casal. Y agregó: “Que la organización haya ejecutado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de la cantidad de ejecuciones”.
Además, cuestionó que la Cámara Federal de Casación Penal no haya respondido al planteo de la fiscalía sobre la duración del entramado delictivo, que se extendió a lo largo de tres gobiernos y más de una década. En ese sentido, también pidió revocar las absoluciones dictadas para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el ex titular de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.
Con este dictamen, la Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— quedó en condiciones de resolver el caso. El fallo que debe revisar el tribunal incluye la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que el Tribunal Oral Federal 2 dictó en diciembre de 2022. Esa sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación en noviembre de 2023.
En ambas instancias hubo disidencias: los jueces Andrés Basso, en el tribunal oral, y Gustavo Hornos, en Casación, consideraron que Cristina Kirchner debía ser condenada también por asociación ilícita. La Corte deberá decidir ahora entre el pedido de la fiscalía, que busca agravar la condena, y el de la defensa de la ex presidenta, que insiste en su absolución.
Además de Cristina Kirchner, la resolución también afectará al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de Vialidad Nacional José Periotti y a otros cinco ex funcionarios. El fallo se espera con especial atención dado el contexto electoral, ya que una eventual candidatura de la ex mandataria dependerá de la resolución definitiva.
