La Fiscalía de la Cámara Federal de Casación Penal, encabezada por el fiscal Mario Villar, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condene a la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a una pena de 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Esta solicitud se realiza a través de un recurso de queja presentado ante el máximo tribunal, siguiendo el mismo planteo que el Ministerio Público había mantenido desde el inicio de la causa.
En su escrito de 10 páginas, Villar reiteró la postura de la Fiscalía, que ya había sido planteada en el juicio oral. En ese juicio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado que la ex presidenta fuera condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, por mayoría, la condenó solo a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A pesar de esta condena parcial, la Fiscalía decidió apelar la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal. En esa instancia, Villar mantuvo el pedido de 12 años de prisión, pero el tribunal de Casación, también por mayoría, ratificó el fallo original. Con esta ratificación, Villar volvió a apelar a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario, el cual fue rechazado. Como consecuencia, el fiscal recurrió a la Corte Suprema con un recurso de queja, que ahora será analizado por el máximo tribunal.
En su presentación ante la Corte, Villar cuestionó duramente la decisión de la Cámara de Casación, calificándola de arbitraria y carente de fundamentos sólidos. El fiscal argumentó que el fallo carecía de argumentos válidos y se limitaba a rechazar de forma superficial las posturas y los recursos presentados por la Fiscalía. Según Villar, las afirmaciones dogmáticas, la valoración aislada de pruebas y la omisión de elementos clave transformaban la sentencia en una decisión inválida. En este sentido, destacó que existían diversas causales de arbitrariedad que justificaban la intervención de la Corte Suprema en el caso.
Uno de los puntos clave en la presentación del fiscal fue su insistencia en que, además de Cristina Kirchner, también deberían ser condenados otros involucrados en el caso. En particular, Villar apeló las absoluciones que se habían dictado durante el juicio oral y que fueron ratificadas por la Cámara de Casación. Entre los absolvidos se encuentran el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro. La Fiscalía solicitó que la Corte Suprema se expidiera sobre estos casos y que también se dictara una condena contra los mencionados.
En su recurso, Villar subrayó la gravedad de los hechos de corrupción que se investigan en esta causa, señalando que estos comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino. El fiscal argumentó que el interés institucional en el caso estaba claramente acreditado, por lo que la Corte Suprema debía intervenir de manera urgente. Además, cuestionó el rechazo de su primera apelación ante Casación, señalando que dicha instancia no había dado un tratamiento adecuado a los agravios planteados, ni había analizado correctamente las pruebas presentadas.
No solo la Fiscalía de Casación presentó recursos ante la Corte Suprema. También las defensas de otros acusados en el caso, como el ex secretario de Obras Públicas, José López; el empresario Lázaro Báez; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y otros ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz, interpusieron sus propios recursos de queja. El plazo para presentar estos recursos vence mañana, lo que añade un elemento de urgencia a la resolución del máximo tribunal.
Por otro lado, la defensa de Cristina Kirchner también presentó su recurso de queja ante la Corte Suprema, solicitando la absolución de la ex presidenta y argumentando que no debía intervenir en el caso el juez de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, a quien recusaron. La defensa argumentó que el juez fue designado por decreto del presidente Javier Milei y que esta designación, en su opinión, vulneraba la independencia judicial, ya que la continuidad del magistrado dependía directamente del presidente. Además, mencionaron que en una reciente entrevista, Milei había anticipado que Cristina Kirchner iba a ser condenada en este caso, lo que, según la defensa, generaba un temor fundado de parcialidad en el juez y ponía en duda la posibilidad de un juicio justo.
En su planteo, la defensa también señaló que la designación de García-Mansilla por parte de Milei, un presidente que ya había expresado públicamente su postura sobre el caso, constituía una vulneración del principio de imparcialidad. Según la defensa, esto afectaba gravemente la posibilidad de que Cristina Kirchner recibiera un juicio justo ante el máximo tribunal, poniendo en duda la transparencia del proceso judicial.
Este caso, que involucra a altos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y empresarios cercanos al poder, sigue siendo uno de los más polémicos y mediáticos de la política argentina. La Corte Suprema de Justicia ahora tiene la difícil tarea de decidir si acepta los recursos presentados por las partes y, en última instancia, si interviene para modificar o ratificar las decisiones previas. La resolución del caso tiene implicancias no solo para los acusados, sino también para el futuro de la política judicial en Argentina.
Vialidad Nacional aclaró que se seguirá pagando peajes en Misiones https://t.co/WTR0TVhjnW
— misionesonline.net (@misionesonline) March 27, 2025
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