La hija del capitán Humberto Viola elogió al presidente Milei por reconocer el asesinato de su padre y hermana como un crimen de lesa humanidad. María Fernanda Viola criticó la postura del gobierno anterior y renovó su reclamo de justicia en una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”.
En el marco de un acuerdo celebrado en la Cancillería Argentina, el gobierno de Javier Milei reconoció el asesinato del capitán Humberto Antonio Viola y su hija María Cristina como un crimen de lesa humanidad. María Fernanda Viola, hija y hermana de las víctimas, expresó su satisfacción en una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”.
Este reconocimiento marca un cambio significativo respecto a la postura del gobierno anterior encabezado por Alberto Fernández, que no había otorgado tal categoría al hecho ocurrido el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El acuerdo anunciado por el gobierno de Milei en la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería representa, según María Fernanda Viola, un «gesto de hidalguía».
En su carta, mencionó que el atentado sufrido por su familia se produjo en un contexto de conflicto armado interno, reconocido públicamente por el ERP, y enfatizó que la acción constituye un crimen de lesa humanidad. «El reconocimiento del actual gobierno es un paso hacia adelante en la lucha por la verdad y la justicia», destacó la hija del capitán Viola. María Fernanda no solo celebró el cambio de postura oficial, sino que también criticó duramente la posición del anterior gobierno.
Según explicó, la administración de Alberto Fernández había rechazado la denuncia formulada por su familia. Este rechazo, sostuvo Viola, no se alineaba con los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que negaba el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Por otro lado, el gobierno de Milei se comprometió a someter al Poder Legislativo un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por organizaciones terroristas. Esta medida busca asegurar que actos como el atentado contra la familia Viola no queden impunes con el paso del tiempo.
En el atentado, su esposa, María Cristina Picón, quien estaba embarazada, y su otra hija, María Fernanda de 5 años en el entonces, resultaron gravemente heridas. El ERP reconoció el ataque y calificó como un «exceso injustificable» la muerte de la niña. A pesar de que los responsables fueron condenados a reclusión perpetua en 1976, fueron liberados a finales de los años 80.
Finalmente, la carta de María Fernanda Viola resalta la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y seguir luchando por la justicia. «No buscamos venganza, sino justicia», concluyó, subrayando que el reconocimiento por parte del gobierno actual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y reparación. Las nuevas medidas propuestas prometen un futuro más justo para quienes han sufrido la violencia del pasado.
La carta completa
Han pasado cincuenta años desde aquel primero de diciembre de l974, cuando, en pleno gobierno constitucional, el ERP cometió uno de sus atentados más aberrantes, en el marco del ataque sistemático a la población civil llevado adelante para sustituir la república por un régimen marxista.
Cincuenta años desde que oí los gritos desesperados de mi madre, María Cristina Picón de Viola, al ver, embarazada de cinco meses, cómo eran vilmente asesinados a traición, mi padre, el Capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con sólo tres años, y yo, con mis cinco años, quedaba gravemente herida salvando mi vida luego de ocho operaciones.
Cincuenta años en que, sin dejarnos invadir por el odio, reclamamos vanamente justicia, siendo convertidos en los desaparecidos de la memoria pública.
Durante los mismos hemos sufrido mucho al ver como los distintos poderes del estado blindaban con un manto de impunidad a los miembros de la guerrilla, ocultando la existencia de normas internacionales que consideraban sus crímenes de lesa humanidad.
Sufrimos cuando se hacía la abierta apología de sus crímenes; sufrimos cuando se sustituía la historia por el maniqueo y parcial relato de la memoria; sufrimos cuando éramos convertidos en meros objetos a asesinar o herir por la espalda; sufrimos cuando se ocultaba la responsabilidad de jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos, en la tragedia,y ellos negaban, sin arrepentirse de nada, la existencia de una guerra revolucionaria, pese a estar ésto expresamente admitido, con autoridad de cosa juzgada, por la sentencias de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, dictadas en la causa 13/84 en que se juzgara a los comandantes.(ver: capítulo sexto sentencia Cámara Federal, situación preexistente al 24.3.76
Niegan la guerra revolucionaria, ocultando a los jóvenes los párrafos de esa sentencia y, lo que hubiera ocurrido con nuestras vidas, con nuestros bienes, de haber triunfado la guerrilla.
Deberían leer la confesión del oficial primero de Montoneros, Héctor Leis, quien, en “Testamento de los años 70”, reconoció que se estimaban en quinientas mil personas las víctimas necesarias para hacer triunfar la revolución.
Hoy, 24 de marzo, siento el profundo orgullo de saber que mi madre no bajó nunca sus brazos. Una y otra vez sostuvo que para el dolor no hay ideologías: “Todas las madres debemos tener los mismos derechos. Hemos sufrido por igual y vivido el mismo dolor. Debemos tener las mismas consideraciones, ser dignas de respeto por parte de quienes nos gobiernan. Las madres de las victimas de la subversión somos discriminadas”-.dijo, al hablar en la Plaza San Martín.
No dándose jamás por vencida denunció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el patrocinio del Dr. Javier Vigo Leguizamón, la violación, por el Estado Argentino, de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la Protección Judicial, contemplados en los artículos 4, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos , e igualmente del art 3 común de las Convenciones de Ginebra de l949, que resguardan la dignidad de las personas en los conflictos armados, estableciendo que no se puede atacar, ni atentar, contra los civiles inocentes, en ningún tipo de conflicto armado, sea nacional o internacional.
Mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado en la Petición P-1217-16”María Cristina Picón Viuda de Viola y Otras”, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de su Presidente Dr. Javier Milei, ha reconocido hidalgamente la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos alegados en la petición, admitiendo que a la luz de la doctrina fijada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 55/97, emitido al analizar el ataque del Movimiento Todos por la Patria, al regimiento de La Tablada, que – destaco- la Corte Suprema aplicara en la causa “Arrillaga”, el atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad.
Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso.
Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas.
Homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados.
24 de marzo: el Gobierno nacional anunció que desclasificará los archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura https://t.co/iHrRTXVc5m
— misionesonline.net (@misionesonline) March 24, 2025
Con información de Infobae
Con críticas al Gobierno nacional, organizaciones de derechos humanos encabezaron el acto de la marcha del 24 de marzo
24 de marzo: el Gobierno nacional anunció que desclasificará los archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura
