El gobierno nacional eliminó programas clave para el turismo social y reorienta la inversión al sector privado

El gobierno de Javier Milei disolvió el Comité Interministerial de Facilitación Turística y el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, argumentando que el desarrollo privado no debe interferirse. La Secretaría de Turismo ahora se centrará en promover inversiones y coordinar la promoción turística a nivel nacional e internacional. Provincias y municipios son invitados a fomentar el sector con beneficios impositivos.

El gobierno de Javier Milei ha avanzado con su estrategia de ajuste al eliminar programas destinados a fomentar el turismo social y las inversiones en el sector. A través del Decreto 216/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Milei y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, se introdujeron cambios significativos en la Ley Nacional de Turismo, disolviendo el Comité Interministerial de Facilitación Turística y el Programa Nacional de Inversiones Turísticas.

Reestructuración del sector turístico

El Comité Interministerial de Facilitación Turística, que coordinaba acciones entre entidades públicas relacionadas con el turismo, será disuelto. Este organismo era responsable de la asignación de recursos para incentivar el turismo y ejecutar el Plan de Turismo Social. Asimismo, el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, que financiaba proyectos turísticos a nivel nacional, ha sido disuelto bajo el argumento de facilitar el desarrollo del sector privado sin interferencias estatales.

Enfoque en la promoción de inversiones

La Secretaría de Turismo verá modificadas sus responsabilidades, enfocándose en la promoción de inversiones y la coordinación de la promoción turística a nivel nacional e internacional. Las nuevas obligaciones incluyen la gestión de acuerdos con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la promoción de incentivos para la inversión en el sector turístico.

Colaboración con provincias y municipios

El decreto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas para fomentar el desarrollo turístico, ofreciendo beneficios impositivos y crediticios similares a los de la industria. Estas acciones buscan incentivar el crecimiento del turismo en todo el territorio argentino, fortaleciendo la colaboración entre el gobierno nacional y las administraciones locales.

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