Diputados misioneros del bloque Renovador participan en el análisis del Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de aportar un enfoque basado en la prevención, la rehabilitación y la justicia restaurativa.
baja de la edad de imputabilidad
En el Congreso avanza el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, con el tratamiento de trece proyectos en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia, y Familia y Niñez.
En este contexto, la diputada Yamila Ruiz (Innovación Federal) destacó la importancia de una reforma que contemple una solución integral para los adolescentes en conflicto con la ley.
“El actual régimen penal juvenil quedó desactualizado y no responde al contexto actual ni a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y la legislación internacional”, señaló Ruiz. Además, enfatizó que la nueva normativa debe incluir medidas que acompañen a los adolescentes y resguarden sus derechos, sin limitarse únicamente a la cuestión punitiva.
El debate continúa en el Congreso con la participación de especialistas y legisladores que analizan los distintos proyectos en busca de un consenso que contemple tanto la responsabilidad penal como la contención y reinserción de los jóvenes.
Baja de la edad de imputabilidad: los ejes del debate y el reclamo social tras la muerte de Kim Gómez
El gobierno del presidente argentino Javier Milei ha propuesto reducir la edad de imputabilidad penal de los menores, actualmente fijada en 16 años, a 13 años, e incluso ha sugerido la posibilidad de bajarla hasta los 10 años. Esta iniciativa surge en respuesta a casos recientes de delitos graves cometidos por adolescentes, como el asesinato de, Kim Gómez, una niña de siete años en La Plata por dos jóvenes de 14 y 17 años.
El objetivo principal de la propuesta es endurecer las penas y responsabilizar penalmente a menores que cometen delitos graves, bajo la premisa de «delito de adulto, pena de adulto». El gobierno argumenta que la actual legislación, vigente desde la década de 1980, es obsoleta y no refleja la realidad contemporánea, donde el crimen organizado utiliza a menores para evadir la justicia.
El proyecto de ley contempla que los adolescentes de entre 13 y 18 años puedan ser imputados y juzgados por delitos penales, con penas que podrían cumplirse en establecimientos especiales separados de las cárceles comunes, bajo la supervisión de personal capacitado. Además, se prevén sanciones alternativas, como amonestaciones, servicios comunitarios y restricciones específicas, dependiendo de la gravedad del delito y la reincidencia del menor.
Esta propuesta ha generado un intenso debate en la sociedad argentina y en el Congreso. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una respuesta necesaria para combatir la delincuencia juvenil y proteger a las víctimas, otros la critican por considerarla regresiva en términos de derechos humanos y dudan de su eficacia para reducir la criminalidad. Organizaciones como UNICEF han expresado que bajar la edad de punibilidad podría interpretarse como un retroceso y han señalado que experiencias internacionales no han demostrado que esta medida sea efectiva para combatir la inseguridad.
Actualmente, el proyecto está en discusión en el Congreso, donde se analizan diversos aspectos, como la adecuación de las penas, las condiciones de detención y las políticas de reinserción social para los menores infractores. La complejidad del tema y las diversas posturas políticas sugieren que el debate continuará en los próximos meses antes de llegar a una resolución definitiva.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024