Marcha de jubilados | La Justicia rechazó la cautelar contra el Protocolo Antipiquetes pero advirtió que monitoreará presencialmente el operativo de seguridad

El magistrado Martín Cormick desestimó la solicitud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para declarar inconstitucional el protocolo del Gobierno nacional, aunque supervisará el operativo de seguridad en la próxima marcha de jubilados, “a efectos de incorporar de oficio toda prueba” relativa a nuevos incidentes.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, rechazó una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que pedía declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes instrumentado por el Gobierno nacional. Sin embargo, el juez se comprometió a “observar presencialmente” el operativo de seguridad que se desplegará el próximo miércoles en la nueva marcha de jubilados al Congreso.

Tras los incidentes en la marcha de la semana pasada, que dejó como saldo varios heridos, entre los que se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo, el CELS presentó una cautelar en la que se pedía suspender el protocolo y que se ordene al Ministerio de Seguridad que “respete y garantice el derecho a la vida, integridad personal, la salud y la libertad de expresión de quienes participen de protestas, transiten por las zonas en donde se lleva a cabo una protesta o desempeñen su labor periodística para brindar cobertura a dichos eventos”.

“El Protocolo Antipiquetes vulnera los derechos constitucionales enunciados en los artículos 14, 14bis, 19, 28, 75 inciso 12 e inciso 22 y los artículos 7.2, 13,15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, argumentó el CELS.

El juez Cormick rechazó esa cautelar pero manifestó que “el Tribunal no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12/03/25 que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”.

Ante esta situación, indicó que observará “presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio – a través de los medios probatorios previstos en el CPCCN (aplicable supletoriamente -art. 17 ley de amparo)- toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y/o acto que resulte procedente para resolver la cuestión en debate en estos autos, tal es el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 943/23 (Protocolo de Seguridad)”.

La Ley Antibarras

La decisión del juez se conoció el mismo día que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó el proyecto de Ley Antibarras, una iniciativa que busca tipificar a los barrabravas como una asociación ilícita y establecer penas de hasta cuatro años de prisión para quienes integren estos grupos.

“Hace mucho tiempo que la Argentina necesita solucionar un problema de violencia estructural que tiene con las barrabravas del fútbol. Desde que llegamos al gobierno iniciamos el proyecto de esta ley y el día de hoy llegó a la Cámara de Diputados firmada por el presidente Javier Milei”, expresó Bullrich en conferencia de prensa.

El documento, redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad, plantea la prohibición total de las barras y penaliza delitos como la venta ilegal de entradas y camisetas, el uso de los grupos como fuerzas de choque y la extorsión a hinchas. También agrava las penas para dirigentes de clubes que faciliten estos mecanismos.

“Es una ley que encuadra a las barras y tipifica los delitos de estas barrabravas en un tipo de asociación ilícita especial, es decir, una organización criminal”, afirmó la ministra.

Bullrich detalló que el gobierno tiene identificadas a 15.000 personas con antecedentes de violencia en los estadios. “Tenemos un registro de 15.000 personas que han tenido acciones violentas y tienen prohibido entrar a canchas de Argentina y otras partes del mundo a través de convenios”, señaló.

Además, la funcionaria subrayó que el objetivo del proyecto es “terminar con los negociados” que sostienen a estos grupos: “Por eso castigamos todos los mecanismos que generan un tipo de financiamiento y que está avalado por las conducciones de los clubes, que facilitan entradas a los barras, les alquilan micros y permiten la entrada de elementos contundentes y armas”.

La ministra también se refirió a los incidentes ocurridos en la protesta de jubilados frente al Congreso y al disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo. “A la familia de Grillo le mando mi total solidaridad, pero quiero aclarar que el disparo no fue directo a la cabeza”, expresó.