El juicio contra los hermanos Kiczka: “El volumen de evidencia justifica la designación de dos fiscales”

El próximo 31 de marzo comenzará en la provincia un juicio histórico contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Se trata del primer debate oral en la región por este delito, y por primera vez, dos fiscales llevarán adelante la acusación.

El fiscal del Tribunal 1, Martín Rau, solicitó ante la Procuraduría General de la Provincia la designación de un fiscal adjunto debido a la magnitud del expediente. En respuesta, el procurador Carlos Jorge Giménez dispuso la incorporación del fiscal Vladimir Glinka al equipo acusador.

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Hermanos Kiczka: Germán cuando arribó a Misiones tras estar fugado en Corrientes

“Vamos a compartir la tarea. Creo que la palabra clave en este caso es volumen”, explicó Glinka. “Manejamos expedientes conformados por cuerpos de 200 hojas cada uno. Este caso tiene cinco cuerpos, lo que podría parecer breve. Sin embargo, al tratarse de un delito de carácter digital, si imprimiéramos todo el material involucrado, tendríamos cientos de cuerpos. Por ello, la colaboración es fundamental para garantizar un adecuado despliegue de la justicia”, detalló el fiscal adjunto.

Por su parte, el fiscal Martín Rau destacó la importancia de la fase probatoria y el marco legal del juicio. “La Constitución Nacional impone la presunción de inocencia, lo que nos obliga a evaluar las pruebas dentro de un marco de probabilidad. Actualmente, estamos en una etapa de análisis profundo de la causa, revisando evidencia y definiendo estrategias jurídicas para el debate oral”, sostuvo en dialogo con Radio República. 

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Asimismo, abordó la complejidad de presentar evidencia en delitos de esta naturaleza. “La exhibición de material sensible debe manejarse con extremo cuidado para evitar la revictimización de los niños y niñas involucrados. En antecedentes judiciales, estos elementos probatorios fueron analizados en instancias reservadas, evitando una exposición pública innecesaria”, indicó Rau.

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Hermanos Kiczka: Sebastián rumbo a declarar

La investigación se inició a partir de alertas internacionales sobre la distribución de contenido ilícito en la red. “Internet no funciona como el mundo físico. En la web, la identificación de un usuario se realiza a través de su dirección IP, lo que exige un trabajo técnico para determinar quién está detrás de cada dispositivo”, explicó el fiscal. A partir de estas alertas, la investigación llevó a los agentes hasta un domicilio en Apóstoles, Misiones, donde se incautaron dispositivos electrónicos clave para la causa.

Rau explicó la dificultad de determinar la identidad de los involucrados en este tipo de delitos. “Cuando se allana un domicilio, no basta con encontrar una computadora. Hay que probar quién la utilizó, en qué momento y con qué intención. En el mundo físico, si alguien toca un objeto, deja una huella digital. En el mundo digital, la huella es más difícil de rastrear, pero existen técnicas de peritaje especializadas para establecer responsabilidades”, explicó.

Sobre la gravedad del delito, Glinka agregó: “Estamos hablando de material de abuso sexual infantil, no de ‘pornografía’ en el sentido tradicional. La diferencia fundamental es el consentimiento. Un adulto puede consentir la producción de material, pero en el caso de niños, niñas y adolescentes, el consentimiento es inexistente. Estamos ante una situación de abuso y explotación. La justicia tiene la obligación de proteger a las víctimas y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias”.

El juicio que comenzará el 31 de marzo marcará un precedente en la jurisprudencia provincial y nacional en materia de delitos digitales. La complejidad del caso y el volumen de evidencia representarán un desafío para la fiscalía, la defensa y el tribunal, en un proceso que podría sentar las bases para futuras investigaciones y condenas en el país.

Mientras tanto, ambos hermanos continúan privados de su libertad en la Unidad Penal VIII que cuenta con una extensión de 5.800 metros cuadrados, está clasificada como un establecimiento de mediana seguridad. Este penal alberga a imputados en primera instancia, así como a condenados y procesados mayores de edad. La infraestructura del establecimiento incluye dos módulos de alojamiento denominados “A” y “Ex fuerza”. En términos operativos, cuenta con personal de traslado, bomberos y el Grupo de Intervención Especial Policial (G.I.E.P.).

 

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