Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó una denuncia penal sobre presuntas irregularidades en subsidios a comunidades indígenas. Según auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se detectó la falta de rendiciones y controles en el uso de 1.200 millones de pesos, de los cuales parte habría financiado honorarios de abogados para litigios contra el Estado.
Desde el 10 de diciembre de 2023, Avruj ordenó un relevamiento de programas del INAI, revelando deficiencias en el Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003 bajo Alicia Kirchner. La investigación culminó con la Resolución 8/2025, mediante la cual se dio de baja dicho programa debido al presunto uso de fondos para financiar litigios contra el Estado.
Las auditorías de la SIGEN resaltaron casos concretos: Lof Che Buenuleo (Río Negro) recibió $1.770.000 en 2023, Lof Kinxikew (Neuquén) obtuvo $1.950.000, y Newen Mapu (Río Negro) recibió $4.480.000, todos con deficiencias en los controles.
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Además, en los procedimientos se identificaron también irregularidades en convenios, como el de $1.690.000 para Lof Catriman Colihueque, donde faltaron informes de avance y se detectó el uso indebido de fondos destinados al pago de un Licenciado en Ambiente en lugar de asistencia legal. En otro caso, un convenio de $29.210.000 vinculado al fallo “Lhaka Honhat vs. Argentina” fue ejecutado fuera del programa y sin documentación de avances.
Cabe destacar que el informe N°11/2023 de la auditoría interna reveló que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI no usó el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), incumpliendo el Decreto 1116/2000 y la Ley 25.344. Esta omisión afectó el seguimiento de 31 expedientes, incluyendo casos como el de Rafael Nahuel.
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En cuanto al impacto económico, se detalló un pasivo de $14.851.077,44 en sentencias firmes y $684.776.803 en litigios pendientes, destacando demandas por incumplimiento de la Ley 26.160 y casos de violencia institucional en desalojos.
Sobre el proceso de entrega de subsidios (2021-2023), SIGEN expresó: “No existen manuales de procedimientos formalizados”, “No hay constancia de criterios objetivos de selección”, y “Se detectaron pagos de segundas cuotas sin rendiciones aprobadas de la primera”. Además, para la Comunidad Diaguita Calchaquí El Ivisadero, precisó: “Se debían transferir $675.000, pero solo se pagaron $650.000, sin justificación”.
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