El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) advierte que el proyecto de Ley Antimafia vulnera derechos y garantías constitucionales. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en Diputados, es cuestionada por su posible impacto en el debido proceso y la criminalización de la protesta social.
El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), coordinado por el juez Correccional y de Menores César Raúl Jiménez, ha emitido un enérgico rechazo al proyecto de Ley Antimafia, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Honorable Senado de la Nación.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ha generado un amplio debate en torno a sus implicaciones sobre derechos y garantías constitucionales.
COPAJU advierte que esta normativa, bajo el argumento de combatir el crimen organizado, introduce disposiciones que podrían violar principios fundamentales de la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos.
Entre las principales preocupaciones, se menciona la alteración de las reglas constitucionales sobre el estado de sitio, reemplazando la declaración de “provincia o territorio en perturbación del orden” por una “zona de investigación especial”. Este cambio permitiría que la restricción de derechos fundamentales dependa de la decisión de un juez a solicitud del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público o de un gobernador, en lugar de requerir la aprobación del Congreso Nacional.
El comunicado también señala que la ley permitiría la detención de personas sin orden judicial, sustituyendo la necesidad de una “sospecha de comisión de un delito” por una simple “averiguación”.
Este régimen podría extenderse hasta 30 días y afectaría el principio de legalidad, al no precisar con claridad los criterios para su aplicación. Además, se denuncia la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas sin control judicial efectivo y de decomisar bienes sin condena firme, lo que va en contra de garantías procesales básicas.
El informe critica la referencia a la Ley Rico de Estados Unidos, señalando que la realidad argentina no justifica la implementación de medidas tan restrictivas. También rechaza la comparación con el modelo de seguridad de El Salvador, argumentando que las condiciones institucionales de ambos países son distintas y subrayando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
Según COPAJU, el proyecto de Ley Antimafia forma parte de un conjunto de normas destinadas a “reprimir todo atisbo de resistencia frente a la supresión de derechos sociales”, enmarcándose junto a decretos y resoluciones recientes que, según el comité, buscan disciplinar la protesta social. En este sentido, se hace un llamado al Senado para que rechace el proyecto y evite la instauración de un “Estado represor”.
Edad de imputabilidad y reforma de la Policía Federal: los cambios en Seguridad que anunció Javier Milei
