El Gobierno de Argentina planea enviar al Congreso un conjunto de leyes que buscan derogar normativas que, según argumentan, implican «discriminación positiva» hacia minorías.
Entre las leyes que se pretende eliminar se encuentran la Ley Micaela, la figura de femicidio en el Código Penal y el DNI no binario. Esta iniciativa se presenta como parte de una estrategia para las elecciones legislativas de 2025.
El paquete de leyes, que será presentado durante las sesiones ordinarias del Congreso, incluye la derogación de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género y violencia contra las mujeres para personal del Estado.
Además, se busca eliminar la figura de femicidio del Código Penal, argumentando que no debería haber distinción entre homicidio de hombres y mujeres. Por otra parte, el proyecto plantea la eliminación de los cupos laborales en el Estado para personas trans y de la Ley de Paridad de Género, que asegura la representación equitativa de mujeres y hombres en listas electorales.
También se pretende derogar el decreto que permite la emisión de DNI no binario y la Ley de Cupo en Eventos Musicales, que establece un porcentaje mínimo de mujeres en festivales.
La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, quien lidera este proyecto, responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Desde el Gobierno aseguran que estas leyes «no resisten análisis» y critican la necesidad de excepciones legales para grupos específicos.
Además, argumentan que estas medidas forman parte de una estrategia discursiva del presidente Javier Milei, quien se opone a políticas que promuevan la diversidad de género. Las propuestas ya han generado reacciones variadas en sectores sociales y políticos, que debatirán en profundidad las implicancias de eliminar normativas que han sido consideradas avances en la protección de derechos de minorías en Argentina.
Este conjunto de leyes busca modificar el tratamiento legal hacia las minorías en Argentina, eliminando normativas como la Ley Micaela y el DNI no binario. El Gobierno argumenta que estas leyes representan «discriminación positiva», en un contexto que podría influir en las elecciones legislativas de 2025.
FUENTE: TN.