El Ejecutivo nacional avanza con una reforma migratoria para restringir la entrega de residencias a extranjeros

El Gobierno trabaja en una reforma migratoria que busca implementar mayores restricciones al acceso a la residencia para extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en servicios sanitarios y educativos para no residentes. El proyecto, que modifica la Ley de Migraciones (25.871), será enviado al Congreso durante las sesiones ordinarias.

Entre las medidas previstas, se endurecerán los requisitos para la entrega de residencias a estudiantes extranjeros. Según fuentes oficiales, se han detectado casos en los que algunos extranjeros permanecieron en el país tras estudiar apenas unos meses, lo que el Ejecutivo considera una falla de control en la gestión anterior.

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La iniciativa también apunta a limitar el acceso a la residencia para inmigrantes ilegales con hijos nacidos en Argentina, que actualmente pueden regularizar su situación presentando la documentación requerida, como la partida de nacimiento del hijo y certificados de antecedentes penales. Este punto está vinculado al programa de regularización Patria Grande, implementado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que benefició a más de medio millón de personas hasta 2007.

Otra propuesta relevante es el cobro de aranceles en el sistema de salud y educación pública para los extranjeros no residentes, medida anunciada en diciembre por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Estas reformas están siendo trabajadas por el director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, bajo la supervisión del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán.

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El proyecto que trabaja el Gobierno forma parte de las medidas migratorias que anunció en diciembre el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Además, el plan incluye un refuerzo de los controles fronterizos en el norte del país. En este contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó el plan Güemes en Salta, que contempla el despliegue de fuerzas de seguridad como la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura en la frontera con Bolivia.

El Ejecutivo también busca involucrar a las Fuerzas Armadas en la vigilancia fronteriza y la lucha contra el crimen transnacional. En este marco, se han emitido decretos para que las fuerzas colaboren en operaciones contra organizaciones terroristas y carteles de narcotráfico extranjeros.

Desde la Casa Rosada argumentan que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad nacional y prevenir la llegada de individuos que representen una amenaza al país. “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos exige tomar precauciones frente a posibles amenazas provenientes de Irán”, sostienen desde el Gobierno.

Esta reforma migratoria refuerza una política más restrictiva que, según el Ejecutivo, busca equilibrar el acceso de extranjeros a los servicios públicos y garantizar un mayor control sobre las fronteras del país.

Fuente: TN

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